El pedido de informe es a fin de solicitar la “nómina de empresas y titulares (directores y/o propietarios) de líneas de transporte público que presten servicios en el área metropolitana”, así como “si alguna empresa fue objeto de algún sumario administrativo en los últimos meses por no dar cumplimiento al marco regulatorio que obliga la circulación de buses del transporte público”.
Esta causa es paralela a la denuncia presentada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y se fundamenta en la potestad de la Fiscalía establecida en el artículo 42 de su Ley Orgánica, que establece que “el Ministerio Público podrá promover acciones judiciales en defensa de bienes o intereses colectivos cuando la comunidad afectada no esté en condiciones de ejercer la acción o recursos judiciales por sí misma”.
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El pedido de este informe se da luego de otra jornada de visibles reguladas por parte de los transportistas en medio de la etapa más dura de la pandemia de nuestro país, obligando a cientos de ciudadanos a aglomerarse en los escasos transportes públicos disponibles o bien, en improvisados camiones y buses ofrecidos por el Gobierno.
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