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La magistrada Hilda Benítez Vallejo, quien interina en la causa al juez Raúl Florentín, dictó la prisión preventiva bajo el argumento de que no fueron suficientes los documentos presentados por la defensa para comprobar el arraigo de los jóvenes Luis Trinidad, Pedro Areco y Vivian Genes.
Los tres manifestantes fueron esposados inmediatamente tras la audiencia de imposición de medidas y remitidos al Departamento Judicial de la Policía. Luego de someterse al hisopado para descartar que tengan covid-19, cumplirán una cuarentena establecida por Salud Pública y finalmente los hombres serán remitidos a la Penitenciaría de Tacumbú, mientras que la joven pasará al Buen Pastor.
Así también, la jueza declaró la rebeldía y ordenó la captura de los imputados Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes no comparecieron para la audiencia, de acuerdo al reporte del periodista de ABC, Carlos Ortega.
Entre sus argumentos, la jueza también dijo que los cinco acusados tenían orden de detención desde el 19 de marzo y no se pusieron a disposición de la Fiscalía.
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La lectura de lo resuelto por la jueza fue filmada por uno de los acusados y transmitida en vivo a través de su Facebook, además del momento en el cual eran aprehendidos por los agentes policiales.
“No tenemos miedo, hoy los jóvenes estamos siendo sometidos a esta justicia de la mafia, que violando todo estos procesos legales nos están llevando a la cárcel, no nos dieron justificación de los hechos, pisotearon nuestros derechos”, indicó Pedro Areco durante la transmisión.
Fueron los fiscales Lorenzo Lezcano (exministro del Interior del Gobierno de Horacio Cartes) y María Estefanía González quienes solicitaron la detención de cinco imputados por los presuntos delitos de producción de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
La fiscala González argumentó que a los cinco manifestantes se las pudo ver en varios puntos del centro de Asunción y con el grupo de individuos que provocó los destrozos y el incendio en “Colorado Róga”, así como en la sede de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, la Dirección General de Migraciones y de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.
La resolución de la jueza ocasionó indignación en todas las redes sociales. El cuestionamiento principal de la ciudadanía y sobre todo de los colectivos universitarios, está enfocado al hecho de que la Justicia actúa con rapidez y sin piedad contra los jóvenes que acudieron para manifestarse y sobre los cuales existen muy pocas pruebas, pero deja en libertad al suboficial Juan Romero, quien fue grabado realizando disparos con una escopeta hacia los manifestantes en la noche del 5 de marzo.
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