Falleció paciente que seguía en UTI de sanatorio privado por orden judicial

Casco denunció que el nosocomio condicionó la permanencia de la paciente al pago de al menos parte de la deuda de G. 113 millones. “Yo no tengo de dónde sacar ese dinero”, expresó el amparista, que es mozo profesional.

Asimismo, Casco dijo que tras ser informado de que su esposa había fallecido, funcionarios del Hospital le pidieron que firmara un pagaré por G. 130 millones para retirar el cuerpo, a lo que se negó por indicación de un familiar.

El amparo quedó a cargo de la jueza penal de garantías de San Lorenzo Nancy Carolina Duarte, quien dispuso como medida cautelar de urgencia la permanencia de la paciente en la UTI, con suministro de todos los cuidados, medicamentos y oxígeno que requiera. La sentencia se conoció en la tarde de este martes, y en la misma la magistrada ordena al Ministerio de Salud a hacerse cargo de los gastos que conllevó la internación de la paciente en dicho hospital.

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En ocasión de contestar la acción, los abogados que representan al nosocomio negaron haber condicionado la permanencia de la paciente al millonario pago, pero reconoció que hubo el reclamo e incluso justificó su legitimidad, al destacar que necesita los fondos para cubrir medicamentos, profesionales y otros gastos necesarios para los servicios prestados.

“Es falso que el 30 de marzo del 2021 el Sr. Isidro Tomás Casco Paniagua fuera coaccionado a que pague la deuda. Como ya se ha dicho, la amortización y/o pago de la deuda le fue solicitado por la acumulación de la misma, pero en ningún momento hubo coacción o amenaza dirigida al amparista con respecto a los servicios que se encuentra recibiendo su esposa”, refieren los abogados Paul Mainzhausen y Carlos Benítez Balmelli en su contestación.

Pidieron que el Ministerio de Salud se haga cargo

La presentación también da cuenta de que el Ministerio de Salud se comprometió a hacerse cargo de los costos derivados de la internación de la paciente -que fue internada el 8 de marzo pasado- desde el 31 de marzo.

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El abogado que presentó el amparo, Robin Miranda, explicó que desde el momento en que la esposa de su cliente ingresó a terapia, el 15 de marzo último, su cliente pidió el traslado de la misma a un hospital público, sin éxito. Por esa razón, considera que el Ministerio de Salud debe hacerse cargo de la deuda desde ese día, pero aclaró que esta será una cuestión que se discutirá en el ámbito civil.

Miranda aclaró que atendió el caso en forma totalmente gratuita, sensibilizado por la desesperación del esposo de la paciente ahora fallecida, a quien le conoce por trabajar en el Poder Judicial. Asimismo, el letrado se puso a disposición de otros afectados por la pandemia para impulsar otras acciones similares, sin costo alguno.