Sobre el caso que involucra al diputado Ulises Quintana, quien esta semana recibió prohibición de entrada a los Estados Unidos por ser declarado “significativamente corrupto”, la fiscala Sandra Quiñónez dijo que prefiere no hablar del tema y dejar que “las evidencias hablen por sí solas”.
Hizo énfasis en que el proceso de Quintana “fue un trabajo del Ministerio Público en conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)” y remarcó que, aunque en un momento se dijo que se trataba de una persecución política, “no fue así”. “Existen elementos que indicaban que existía una situación por la cual el diputado fue imputado y luego acusado”, subrayó la jefa del Ministerio Público.
Vetado por Estados Unidos
Recordemos que ayer, martes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos comunicó oficialmente que el diputado paraguayo Ulises Quintana y su esposa Mirtha Beatriz Fariña Velausteguiz tienen prohibido entrar al país del Norte.
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El motivo, según señala la comunicación del secretario de estado Antony Blinken, es que durante su tiempo como diputado, Ulises Quintana “participó en actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el estado de derecho y obstruyeron la fe del público en los procesos del Paraguay”.
El diputado había sido imputado por tráfico de drogas en calidad de cómplice, además de tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Quintana había sido vinculado con Reinaldo Cucho Cabaña, presunto narcotraficante, y fue uno de los detenidos en el marco del operativo Berilo.
En octubre del año pasado, el diputado recuperó su libertad por segunda vez. Estuvo preso en Viñas Cue dos veces.
Solo con evidencias
En otro orden, la fiscala general del Estado mencionó que se reunió con el equipo de investigadores antisecuestro para conocer más detalles sobre los elementos que le acercaron los familiares del ex vicepresidente Óscar Denis.
Relató que los agentes le mostraron los avances de la investigación no solo de Denis, sino de los demás secuestrados Edelio Morínigo y Félix Urbieta.
Ante la consulta sobre si cree que Óscar Denis aún esté con vida, señaló que la certeza absoluta en casos de secuestro solo se tiene cuando se halla la evidencia. Entretanto, no se puede asegurar la muerte o la vida, enfatizó.
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“Son renuentes a las autoridades”
Con respecto a que los datos los está consiguiendo la familia por su cuenta y no la Fiscalía, explicó que en casos de secuestros se da un fenómeno complejo en el cual las personas son renuentes a dar la primera información a las autoridades. “Se tiene miedo por si se les comprometa o se los llame a declarar, es por eso que van hasta la familia. Adelio naturalmente va a tener mucha más confianza con sus patrones, él trabaja con los Denis y va a tener cierto temor a las autoridades”, indicó Sandra Quiñónez.
Añadió que las investigaciones sobre secuestros siempre se han hecho con el acompañamiento de las víctimas. “Los secuestrados sufren muchos traumas y maltratos y necesitan un tiempo para comenzar a hablar, a mostrar sitios donde estuvieron y otros datos. De a poco van contando muchas más cosas”, afirmó.
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“No se procesó a manifestantes pacíficos”
En cuanto a los procesos que se llevan en contra de manifestantes tras la quema de Colorado Róga, remarcó que la Fiscalía “no procesa a manifestantes pacíficos”.
“Aquellos manifestantes pacíficos nunca fueron objeto de medidas arbitrarias como quieren instalar. Existieron situaciones en cuanto a la cuarentena rígida en la que la gente salía y se quería evitar el colapso sanitario que hoy estamos viviendo. Pero, lastimosamente, la gente entendió de otra manera”, argumentó Quiñónez.