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El ente contralor dio a conocer poco tiempo después de que saltara el escándalo el informe final de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) en el que presentan media docena de observaciones con respecto a compras por G. 357 millones realizadas por Petropar en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Tapabocas vencidos...
Uno de los puntos más graves hace referencia a la compra de mascarillas tipo N95 que Petropar entregó como donación al Ministerio de Salud Pública.
Según el informe, los tapabocas habían vencido ya en diciembre de 2017, más de dos años antes de que la petrolera estatal las comprara de la empresa Solumedic SA.
Si bien las cajas de los tapabocas no tenían consignada la fecha de vencimiento y de fabricación, se constató con la propia empresa brasileña proveedora que el lote ya se encontraba vencido. Lo peor es que en Petropar admitieron esos insumos defectuosos.
...y sobrefacturados
Los tapabocas no solo estaban vencidos, sino que se pagaron G. 39 millones de más, según el precio de referencia fijado por el propio Ministerio de Salud.
De acuerdo al informe de la Contraloría, se estima que hubo una sobrefacturación en las compras que en relación con los precios de referencia podría totalizar una diferencia de G. 101 millones.
La CGR señala que si bien las mascarillas y otros insumos pudieron haber sufrido variaciones de precios, no existe justificación para haber inflado la mayoría de ellos.
Inmunológicamente sobrefacturadas
Otro de los insumos en los que se encontraron pagos por encima del precio real fue en el agua tónica adquirida por Petropar y cuya compra Samudio defendió asegurando que tenía propiedades “inmunológicas” para hacer frente al coronavirus.
El ente contralor detectó que se pagaron alrededor de G. 19 millones de sobreprecio por la compra del agua tónica.
“Se privó de haber obtenido precios más ventajosos por un total aproximado de G. 62.649.200”, destaca una de las conclusiones del informe.
A pesar de todos estos antecedentes, un informe remitido por la Secretaría de la Función Pública a pedido de Diputados de la oposición reveló que la petrolera estatal no abrió siquiera un sumario sobre los funcionarios implicados.