La reunión de la comisión de DD.HH. del Senado presidida por el senador Gilberto Apuril (Hagamos) analizó ayer las denuncias sobre presuntas violencia policial y actuar selectivo de la fiscalía sobre las manifestaciones contra el Gobierno de marzo pasado.
Participaron de la reunión el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, el comandante interino de la Policía Nacional comisario general director Luis Arias, Orlando Castillo y Sonia Von Leppel, del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) y representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Von Leppel y Castillo del MNP dieron un informe de las denuncias recogidas durante las manifestaciones realizadas en marzo pasado, consistentes en torturas, detención indiscriminada, maltratos, golpes y violaciones legales al procedimiento policial ocurridos. Asimismo, se refirieron a la detención irregular de jóvenes y la celeridad en decretar su prisión, pasando por encima de sus derechos procesales y constitucionales.
A esto, la fiscal Sandra Quiñónez, luego de hacer una larga introducción sobre el riesgo del covid-19 que afecta a los agentes fiscales y que le atemoriza a ella misma, sostuvo que la actuación de la fiscalía se ajustaba a derecho y que se basaba en la evaluación de hechos objetivos. Dijo que no existe selectividad sino que las investigaciones se realizan sin intencionalidad.
Esto motivó la reacción del senador Querey. “Usted, fiscala general del Estado, miente, porque ha actuado sucesivamente a lo largo de este tiempo de manera selectiva y no ha investigado ni imputado diferentes situaciones de determinado grupo de poder”, le señaló.
Señaló también que ante la consulta del senador Pedro Santa Cruz (PDP) sobre la falta de imputación al denominado “escopetero” durante el incendio del local de la ANR, sobre el cual hay filmaciones, se limitó a decir que “hay que seguir la investigación”. Sin embargo, el grupo de jóvenes fue rápidamente imputado y enviado a prisión. Se refirió también Querey a cientos de dirigentes campesinos e indígenas imputados, en tanto que por fiestas de un expresidente nadie lo está.
Atropello a indígenas
Otro caso sobre el que le reclamaron a la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez fue el del atropello por parte de civiles armados a la comunidad indígena mbya guaraní, de Loma Piro’y de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú en diciembre pasado. El senador Querey (FG) le recriminó que hasta ahora no haya ningún imputado en el caso, pese a haber filmaciones de los sospechosos que la fiscala tiene en su poder. Indicó también que la denuncia se hizo pública ante el pleno de la Cámara de Senadores.