Turrini rompió el silencio, habla de amenazas y niega responsabilidad

En conversación con ABC ayer a la mañana, uno de los procesados por la megaincautación de cocaína descartó que haya tenido relación con el cargamento. Comentó que se involucró en la venta de carbón mediante sus hermanos, que se dedican al rubro desde los Estados Unidos de América. En ese sentido, se reunió con un productor paraguayo y empezó a gestionar la exportación, junto con otros productos, a otros países.

“Conseguía los clientes y, una vez que me hacían los pedidos, yo contactaba con los vendedores acá en Paraguay para que ellos proveyeran lo que se estaba solicitando. Me quedaba con la diferencia de precio. Era el corredor”, sostuvo.

Seguidamente, señaló que no alquiló ninguna empresa para el envío, como lo acusó el otro procesado Alberto Ayala Jacquet. Además, refirió que trabajaba con otras personas que se encargaban de conseguir a los exportadores, entre ellas mencionó a Andrés Fernández y Ariel Aquino.

“Las personas que me ayudaban a mí se encargaban de hacer todo: de llamar a la empresa exportadora, con la naviera, solicitaban los fletes para el traslado de los contenedores, de los estibadores y de hacer el despacho. (…) Todos éramos comisionistas”, mencionó. Igualmente, Turrini indicó que compraba el carbón ya empaquetado que provenía del Chaco, adonde –según aseguró– nunca acudió. Además, aseguró que utilizaba las bolsas “genéricas” que son usadas por las empresas del rubro, pese a que se lo acusó de producir sus propios envoltorios.

No quiso dar nombres

El empresario dio a entender que la responsable de la carga ilegal sería una organización criminal. No obstante, no quiso señalar a ninguna persona como dueña del cargamento y que pretendía exportar el mismo.

Además, no descartó que haya figuras influyentes de la política nacional que estén involucradas en su caso.

El exdirector de TV Pública cuestionó el actuar del Ministerio Público en la investigación, aunque indicó aún confía en la justicia y que los agentes están realizando las diligencias con buena fe. Entre las críticas al proceso, señaló que se realizaron cruces de llamadas y que no se halló ningún elemento incriminatorio en su contra.

Refirió que en su depósito –en el barrio Universo de Mariano Roque Alonso–, donde se presume que se cargó la droga entre los carbones, existía un sistema de circuito cerrado, que fue incautado por la Fiscalía en los allanamientos.

Una mesa metálica fue incautada en dicho local, que se presume que fue utilizada para el procesamiento de la droga, pues los agentes fiscales indicaron que se descubrieron rastros de la droga en la misma. Cuestionó que este elemento fue hallado recién en la segunda intervención y llamativamente cuando se retiraron los abogados de su defensa. Además, criticó que se le negó el peritaje que solicitó sobre la mesa –en la que indicó que podrían hallarse huellas dactilares– y de las cámaras de circuito cerrado de la zona, en la que se pudo observar cómo se trasladó el elemento hasta el depósito. “Se le tenía que preguntar a la Fiscalía del por qué no se hizo el peritaje y a la jueza por qué rechazó mi pedido de que se sacasen las huellas dactilares porque en una mesa de metal se van a quedar por mucho tiempo”, declaró. Dijo que solicitó que el Ministerio Público tenga en cuenta, es que “los contendedores salían de nuestros depósitos y deberían llegar al puerto en 1 o 2 horas a más tardar, pero por qué llegan luego de 6 o 7 horas”. Además, refirió que se debe esclarecer por qué los contenedores permanecieron durante varios días en el puerto. “¿Qué pasó en esos 30 días? Se pudo haber contaminado allí”, mencionó. Cabe destacar que la Fiscalía aún no solicitó la declaración de los choferes que trasladaron los contenedores.