Abdo analiza veto a la ley de fondos sociales porque se quedaron sin plata

El presidente Mario Abdo estudia el veto a la ley sancionada que obliga al Ejecutivo a usar todos los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá (US$ 150 millones) en la lucha contra el covid-19. Voceros aseguraron ayer que US$ 90 millones del 2021 están todos comprometidos

Mario Abdo Benítez  analiza el veto total a la ley sancionada que redirecciona fondos de binacionales para Salud.
Mario Abdo Benítez analiza el veto total a la ley sancionada que redirecciona fondos de binacionales para Salud.

El Jefe de Estado tiende a vetar la sanción del Congreso Nacional a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a usar todos los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá (US$ 150 millones) en la lucha contra el covid-19.

Hasta el momento el mandatario se mantiene en silencio y con declaraciones ambiguas. Según fuentes oficiales consultadas, Abdo Benítez solicitó dictámenes al Ministerio de Hacienda y a la Cancillería nacional.

Ayer, el director general paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, adelantó que el uso de estos fondos sociales es acordado con cada administración de Gobierno. Dijo que se establece un plan quinquenal aprobado por los consejos del lado paraguayo y brasileño para establecer los proyectos a ser financiados.

Por su parte, el director financiero de Itaipú, Fabián Domínguez, informó ayer que este año la entidad cuenta con US$ 92 millones (G. 596.000 millones, al cambio actual del dólar a G. 6.840) en concepto de fondos socioambientales.

Refirió que US$ 15 millones se encuentran en ejecución y otros US$ 75 cuentan con contratos firmados para la ANDE, Ministerio de Agricultura y becas, entre otros.

El Presidente de la República dijo la semana pasada que los fondos sociales están a disposición de Salud Pública para la lucha contra el covid y que la situación pasa por un problema de gestión y no de recursos.

Abdo Benítez también reiteró que “ha instruido” a los directores generales de las binacionales Itaipú y Yacyretá, Manuel María Cáceres y Nicanor Duarte Frutos, respectivamente, para “destinar todos los fondos no comprometidos y aquellos que puedan ser postergados en su utilización” para la lucha contra el covid-19.

También ordenó que se redireccionen US$ 30 millones de la licitación para la construcción del puente que unirá la localidad chaqueña de Carmelo Peralta con Puerto Murtinho (Brasil) para destinarlos a la lucha contra el covid.

La decisión de Abdo Benítez deja en evidencia que si existe voluntad política, los denominados gastos sociales pueden ser también redireccionados para la compra de medicamentos e insumos para Salud Pública para la lucha contra el covid.

Plazos y “cicatriz”

Según el artículo 205 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo tiene seis días hábiles de plazo para expedirse (hasta el viernes 30 de abril).

Es decir, veto parcial, veto total o promulgación. Si no se expide en el mencionado plazo, la ley tendrá promulgación automática.

El miércoles pasado, la Cámara de Diputados sancionó la ley por 41 votos a favor; 38 en contra y una abstención. A los opositores, se sumaron los cartistas Néstor Ferrer, Fernando Ortellado, Tadeo Rojas y Roque Sarubbi, mientras que Miguel Ángel del Puerto se abstuvo de votar. Todos ellos, presionados por la ciudadanía, desoyeron así el mandato de Honor Colorado o a una estrategia en el marco, no precisamente de la “operación cicatriz”, que puede consistir en dejar sin “oxígeno binacional” a varios precandidatos municipales de Añetete para las internas del 20 de junio.

Los 39 colorados cartistas y abdistas buscaron aprobar una versión alternativa, en que se introducían modificaciones de tinte declarativo. En lugar de disponer la resolución obligatoria, simplemente facultaba al Ejecutivo a obedecer o ignorar la ley.

Objetó que pase al Presupuesto

El 20 de noviembre del 2020, el presidente Mario Abdo vetó totalmente el proyecto de ley que incorpora el dinero de las binacionales destinado a gastos socioambientales al Presupuesto General de la Nación, con lo cual evita el control legislativo.

El Ejecutivo argumentó en esa ocasión que la iniciativa es inconstitucional y viola los tratados.

Planteó que los recursos para el Estado se ejecuten por convenios.

Con esa decisión el Presidente cerró las puertas a la transparencia en el usos de los fondos sociales.

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