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Fiscalía acciona ante la Corte contra el blanqueo de Zacarías y McLeod

Este artículo tiene 5 años de antigüedad
El senador cartista Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, exintendenta de Ciudad del Este, están procesados por el supuesto desvío de G. 3.700 millones de las arcas municipales.
El senador cartista Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, exintendenta de Ciudad del Este, están procesados por el supuesto desvío de G. 3.700 millones de las arcas municipales.

El Ministerio Público planteó dos recursos extraordinarios de casación contra los fallos del Tribunal de Apelación con los que se resolvió el sobreseimiento definitivo del senador cartista Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, exintendenta de Ciudad del Este, en el proceso por el supuesto desvío de G. 3.700 millones de las arcas de ese municipio del Alto Paraná.

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La fiscala Natalia Fúster junto con sus colegas Diego Arzamendia y Jorge Cabrera plantearon ayer dos recursos extraordinarios de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra dos resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación de Ciudad del Este.

La primera casación es contra el Auto Interlocutorio (A.I.) Nº 126 del 12 de abril de 2021, mediante el cual se rechazaron los recursos de apelación general que la Fiscalía planteó contra el A.I. Nº 553 de fecha 22 de junio de 2020, dictado por la jueza Cinthia Garcete Urunaga.

La magistrada había admitido la excepción por falta de acción que fue presentada por las defensas de Sandra McLeod y los demás procesados, dictó el sobreseimiento provisional de los mismos; declaró la nulidad absoluta de la acusación que presentaron los fiscales en contra del senador colorado Javier Zacarías Irún y sobreseyó de forma definitiva al parlamentario.

La segunda casación que presentaron los agentes de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público es contra el Auto Interlocutorio N° 125 del 12 de abril de 2021, por el que el tribunal de apelación, segunda sala, de Ciudad del Este resolvió declarar la improcedencia de los recursos de apelación general que presentó la Fiscalía contra el A.I. Nº 552, del 22 de junio de 2020, dictado también por la jueza Cinthia Garcete Urunaga.

En este caso la magistrada hizo lugar a la excepción por falta de acción, presentada por las defensas de Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod y otros procesados; declarar la extinción de la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento definitivo de los mismos.

El caso

Según la investigación de la Fiscalía, durante la gestión municipal de Sandra McLeod de Zacarías y del exjefe comunal interino de CDE Alberto Rodríguez (ANR-cartista) se desviaron casi G. 3.700 millones del presupuesto de publicidad institucional, entre los años 2015 y 2017, para destinar a la campaña electoral de los miembros del clan ZI y de otros candidatos cartistas.

El senador Javier Zacarías Irún fue apuntado por los agentes fiscales como el instigador para el saqueo de las arcas municipales.

Otros procesados

Además del matrimonio, la Fiscalía incluyó en este proceso al exintendente de CDE Alberto Rodríguez, Carlos Bordón Bottino, el dueño de la empresa de maletín “Frontera Producciones”; y el exjefe de Prensa de la Comuna, Juan Domingo Sanabria Notario.

También están imputados el exdirector municipal de Finanzas David Espínola Osorio, además de los hermanos Dora, Gustavo, Lucía y Olga Rojas Espínola.

Todos fueron blanqueados por la jueza Cinthia Garcete.

Sindicado como instigador del desvío

Según la investigación del Ministerio Público, el senador cartista Ernesto Javier Zacarías Irún instigó a su esposa Sandra McLeod de Zacarías y a los coprocesados David Christian Espínola Osorio y Juan Domingo Sanabria Notario a que ocasionen un menoscabo al patrimonio del municipio de CDE.

El daño patrimonial asciende a la suma de G. 3.699.831.576, monto del perjuicio patrimonial en la primera imputación G. 1.211.285.517, y monto del perjuicio patrimonial correspondiente a la segunda imputación G. 2.488.546.059.

Dicho monto fue destinado al pago de servicios no contemplados en las licitaciones públicas y en los contratos suscritos con “Frontera Producciones”.

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