De acuerdo a fuentes del Poder Ejecutivo accedidas ayer, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmará mañana el Decreto que reglamenta la ley promulgada Nº 6729 que “destina los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá correspondientes al lado paraguayo, sean utilizados íntegramente (US$ 150 millones al año) para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia del covid-19”.
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, había expresado que se buscará “salvaguardar los programas de asistencia social” que eran solventados por dichos fondos. Refirió que se encargarán de la reglamentación las autoridades de Itaipú, Yacyretá, del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Hacienda.
Huttemann no respondió sobre a cuánto asciende el monto con que todavía cuentan las binacionales (sería solo de US$ 20 millones).
Tampoco se sabe qué pasa con el redireccionamiento a la cartera sanitaria de US$ 30 millones de la licitación postergada para la construcción del puente entre la localidad chaqueña Carmelo Peralta y Puerto Murtinho (Brasil).
El director general paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, informó que la entidad tiene un presupuesto de US$ 42 millones y que a abril de este año ya ejecutaron el 30%. Es decir que hasta diciembre podrían disponer de US$ 1,5 a 2 millones por mes para la compra de medicamentos.
Por su parte, el director general paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, refirió que en el ente hay US$ 150 millones en ejecución de presupuestos plurianuales y obras ya comprometidas. Señaló que “cortando algunos proyectos”, se podrían comprometer este año US$ 2 millones, además de los US$ 30 millones que ya habían comprometido a Salud Pública para la pandemia.
Recomendaciones
La diputada Kattya González (PEN), en una nota dirigida al presidente Abdo Benítez, presentó una propuesta de reglamentación a la ley que redirecciona los gastos sociales.
La parlamentaria menciona que el decreto reglamentario debe determinar y definir cada uno de los conceptos señalados en la presente ley. Entre las más importantes, la puntualización de qué se entiende por “protección social” a los fines de la presente ley.
Como obligación de la ley reglamentaria, González sugiere que se señale con la mayor rigurosidad el concepto de protección social e individualizar en el Anexo Presupuestario, el cual debe agregarse como parte del decreto reglamentario, cada uno de los rubros y programas calificados como sujetos a este fin (protección social).