El caso fue destrabado por la Corte Suprema de Justicia, luego de ocho meses de la apelación planteada por la Fiscalía. La reintegración de la Cámara revisora fue notificada a las partes y luego se llevará a cabo el sorteo del preopinante que revisará primeramente el expediente.

El Tribunal de Apelaciones debe resolver un recurso presentado por la fiscala Anticorrupción Liliana Alcaraz contra la resolución de la jueza Cinthia Garcete, por la cual se excluyeron audios y otras pruebas claves contra Portillo. Aunque la magistrada ordenó la elevación de la causa a juicio oral, dejó sin las principales evidencias a la Fiscalía para sostener la acusación. Para excluir las pruebas claves, la jueza argumentó que las grabaciones fueron obtenidas sin control judicial, ya que no se contaba con la autorización de un juez para su producción. Pero en su escrito de apelación la fiscala dijo que las evidencias en discusión no son interceptaciones telefónicas.