El Tribunal de Apelación 2ª Sala anuló la sentencia definitiva N° 13 del 9 de enero de este año, por la cual los magistrados Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Fabián Weinsensee absolvieron de culpa y reproche a Pedro Milciades Duré, Justo Gamarra Suárez y Mario Echeverría del proceso por presunta lesión de confianza en el caso de la compra irregular de tierras de la empresa San Agustín.
Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faría y José Agustín Fernández hicieron lugar a la apelación planteada por los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia y ordenaron el reenvío del expediente a otro Tribunal de Sentencia para llevar a cabo un nuevo juicio oral.
A criterio de Vera Navarro, el Tribunal de Sentencia no realizó una valoración conjunta, armónica e integral de las pruebas producidas en el juicio oral; en consecuencia, concluye que la resolución apelada tiene vicios que la tornan nula. Puntualiza que tampoco ha fundamentado fehacientemente los motivos por los cuales ha tomado en cuenta algunos medios de prueba sobre otros, pese a que hay diferencias entre los mismos. Por su parte, la camarista Bibiana Benítez Faría indica que existen contradicciones en la sentencia, ya que el tribunal argumenta que está justificada la compra de las tierras de la empresa San Agustín, por la vía de la excepción, concretada en el 2013, por el entonces titular del Indert Luis Ortizoga; y que no se causó perjuicio patrimonial alguno porque cumplió con el objetivo de regularizar las tierras en asentamientos campesinos.
La magistrada agrega al respecto que el tribunal de sentencia no tuvo en cuenta las declaraciones de varios testigos, que manifestaron que esas tierras no son buenas para la producción agrícola y son muy húmedas, por lo que no sirven para el cultivo permanente.
El caso
La compra se concretó en el 2013, en el gobierno de Federico Franco, por la suma de G. 60.294.298.050, y las tierras debían ser destinadas a la agricultura familiar campesina, pero el resultado de un estudio demostró que no eran aptas para ese fin.
Expresidente del Indert sigue prófugo
El extitular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza también fue acusado por la Fiscalía en esta causa. Sin embargo, no se puso a disposición de la Justicia, se encuentra en rebeldía y cuenta con orden de captura.
En el 2013, año en que se concretó la presunta lesión de confianza, los acusados Justo Gamarra y Pedro Milciades Duré se desempeñaban como consejeros del Indert; mientras que Mario Echeverría era perito tasador del Ministerio de Obras Públicas.
Con la resolución de la Cámara de Apelaciones se sorteará el nuevo tribunal para juzgar la causa.