Este martes, el juez Édgar Rivas resolvió trasladar a la Corte Suprema de Justicia el amparo judicial presentado por la Contraloría General de la República para obligar a la Itaipú Binacional a permitirle auditar las inversiones de “fondos sociales” hechas por la entidad, que han sido objeto de críticas por la percepción de que esos recursos han sido manejados a sola discreción de los directores de las hidroeléctricas, sin ningún control del Estado.

La Contraloría decidió recurrir a la Justicia para lograr tener acceso a los datos de las inversiones sociales de Itaipú luego de que el director paraguayo de la binacional, Manuel María Cáceres, se negara a entregar la información requerida, alegando que la Contraloría no tiene autoridad para auditar las finanzas de las entidades binacionales, y que permitírselo sería ir en contra del Tratado de Itaipú.

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En su argumentación sobre el caso, el juez Rivas coincidió con lo expresado previamente por el contralor Camilo Benítez, señalando que la Constitución Nacional atribuye a la Contraloría “la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados”.

La Constitución Nacional, por lo tanto, tiene prioridad sobre cualquier tratado al ser la “ley suprema de la República”.

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El problema es que la Constitución no hace referencia explícita a entidades binacionales como Itaipú –gestionada por Paraguay y Brasil– o Yacyretá –administrada con Argentina–, con un marco jurídico particular, por lo que el magistrado concluye que la Corte Suprema debe realizar una “revisión” sobre la constitucionalidad del pedido de la Contraloría.

Originalmente, la Contraloría también tenía planeado accionar judicialmente contra la binacional Yacyretá, ante la negativa inicial de su director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, de permitir la auditoría, aunque finalmente el ente contralor pudo acceder a los documentos requeridos a esa entidad.