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El 20 de mayo pasado, la Cámara de Senadores consumó la violación de la Constitución Nacional con la sanción del megablindaje para dificultar que los 125 legisladores (45 senadores y 80 diputados) sean expulsados por uso indebido de influencias.
La ley sancionada por el Senado reglamenta de manera inconstitucional la pérdida de investidura de los legisladores (Art. 201 de la Carta Magna). Bajo la apariencia de la reglamentación, el Congreso modifica por ley lo que dice la Carta Magna al elevar el número de votos para que un legislador sea expulsado por uso indebido de influencias.
Según la nueva ley sancionada, es necesaria una mayoría absoluta de dos tercios (30 votos en el Senado y 53 en la Cámara de Diputados) para poder expulsar a un legislador al que se le haya comprobado fehacientemente el uso indebido de influencias o alguna otra causal que figuran en la Carta Magna.
Sin embargo, hasta ahora los legisladores expulsados, salvo Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional), que obtuvo 23 votos, reunieron más de 30 votos para la expulsión del Congreso.
Es la segunda vez en el actual periodo legislativo que las cámaras del Congreso sancionan un proyecto de ley que viola la Constitución en cuanto al número de votos para lograr la pérdida de investidura.
“Doble cerrojo”
En un nuevo intento inconstitucional, la Cámara de Diputados estableció un “doble cerrojo” a la posibilidad de que un legislador pueda perder su investidura por las causales establecidas en la Carta Magna.
En primer lugar, el texto aprobado por los diputados dispone que para el pedido de pérdida de investidura debe tener la firma de 1/3 de los integrantes de la cámara. En el caso de Diputados, eso implica que deberá haber 26 firmantes para iniciar el trámite de expulsión.
Esta disposición impedirá completamente que las bancadas más pequeñas puedan siquiera plantear una iniciativa de este tipo.
Por otro lado, los diputados dispusieron en su proyecto, de manera inconstitucional, que se necesita de una mayoría absoluta de dos tercios para aprobar la pérdida de investidura de un legislador por tráfico de influencias.
En tanto, el texto del Senado establece un burocrático procedimiento que dura casi dos semanas, aunque no menciona una mayoría calificada para aprobar la expulsión.
La normativa ahora está en manos del presidente Mario Abdo Benítez.
Cartes y Abdo vetaron la ley
El entonces presidente Horacio Cartes y el actual mandatario Mario Abdo Benítez vetaron el autoblindaje legislativo. Cartes lo hizo el 23 de marzo el 2018. En ese entonces, el exjefe de Estado lo hizo con veto parcial, rechazando la sentencia judicial para quitar la investidura a los parlamentarios. Abdo Benítez vetó totalmente el autoblindaje el 3 de julio de 2019. Decía el Ejecutivo en aquel entonces que una ley no puede establecer requisitos adicionales no previstos en la Constitución. Ahora, nuevamente, Abdo Benítez debe decidir si viola o no la Constitución Nacional.