Gracias a la colaboración también de la Contraloría, que emitió un contundente dictamen, detectaron “problemas relacionados a la imposibilidad de que otras empresas tengan participación efectiva”. Por ese motivo, añadió, Contrataciones además de declarar la nulidad también pidió que se investigue si los funcionarios involucrados cumplieron sus funciones de manera correcta. “Recomendamos que se deslinden todas las responsabilidades en el ámbito administrativo, verificar a cada funcionario interviniente con respecto a sus deberes, a los efectos de ver qué estuvo mal y qué estuvo bien dentro del campo de cada funcionario”, resaltó.

El software de US$ 6 millones solo iba a beneficiar al Hospital de Alto Paraná. La empresa adjudicada fue Green SA, de Hugo Wilson Armoa. Las irregularidades salieron a luz luego de publicaciones de ABC y, en un intento por acallar a la prensa, el propietario de la empresa decidió querellar al periodista Juan Carlos Lezcano, quien realizó las investigaciones.

Según DNCP, la licitación se “halla viciada” desde la elaboración de las bases concursales”.