El documento forma parte de la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre el uso de US$ 1 millón otorgado por el Ejecutivo el año pasado para hacer frente a la pandemia. Los comprobantes de Ingeniería S.A., presuntamente apócrifos, son el Nº 0003774, de fecha 8 de febrero de 2021, emitida en concepto de “fabricación de caseta móvil para personal administrativo en obra”, por el monto de G. 20.500.000, y el Nº 0003778, de fecha 5 de febrero, también de este año, en concepto de “contratación personal para trabajo de asfalto”, por el monto de G. 16.200.000. Ambas figuran a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). Esta ONG viene realizando varios trabajos para la Gobernación de Central desde el 2019 y está representada por Tadeo Álvarez Cristaldo.
Nos comunicamos con la propietaria de la firma Ingeniería S.A., la señora Verónica Benítez, quien aseguró que CIAP no es cliente de la empresa, que lleva más de 15 años en el mercado y se dedica al rubro de la metalúrgica industrial.
“Realmente es una factura clonada y ya realizamos la denuncia en Delitos Económicos y también iremos a la SET. Las facturas con ese mismo número emitimos a otra empresa en diciembre del 2020 y estas facturas son de febrero de 2021. El monto también varía”, expresó.
Alega persecución
El gobernador Hugo Javier González (ANR-HC) se lavó las manos y aseguró que ni él ni la Gobernación, organismo encargado de ejecutar los G. 5.000 millones que fueron entregados a la organización, tienen “responsabilidad jurídica” en caso de que se compruebe la ilegalidad de los papeles.
González se presentó a nuestra redacción central y aseguró que los concejales departamentales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos, quienes denunciaron las irregularidades, solo están molestos con él y sería ese el origen de la “persecución”.
Ambos ediles aseguran que no existe ninguna persecución, sino que simplemente cumplen con sus funciones de contralores.