Juez vuelve a convocar preliminar para el intendente de Arroyito

El juez especializado en delitos económicos José Agustín Delmás fijó para el miércoles 7 de julio, desde las 8:30, la audiencia preliminar de la causa que investiga una presunta lesión de confianza con el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en la Municipalidad del distrito de Arroyito, departamento de Concepción.

Los acusados son: el intendente Samuel González Valdez (ANR), los funcionarios municipales Estela González de Sánchez, Martín Dávalos Carmona, Claudio González y los contratistas Silvano Ortiz, Alen Elpidio Cardozo y Lino Ozuna Fernández.

Esta es la segunda convocatoria que hace el Juzgado de Garantías para sustanciar la diligencia. La primera fecha fijada fue el 10 de junio pasado, pero se suspendió debido a una excepción de incompetencia territorial que planteó González Valdez. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó que la causa debe ser tramitada en Asunción por el Juzgado Especializado en Delitos Económicos.

Según la hipótesis del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, el intendente municipal ejecutó 4 obras de construcción con fondos del Fonacide y otras 4 obras más con fondos de royalties.

Estas obras fueron verificadas por parte de la Contraloría General de la República, en cumplimiento a la orden del Ministerio Público, y se constató que del total de obras fiscalizadas, 5 de ellas fueron abonadas conforme a lo contratado por la comuna de Arroyito, a las actas de recepciones definitivas y a las órdenes de pago.

Sin embargo, las construcciones no fueron ejecutadas, según las verificaciones in situ y las diligencias que llevó a cabo el agente del Ministerio Público. Debido a esta situación, Legal comprobó que hubo connivencia entre los acusados, quienes con su actuar en conjunto ocasionaron un perjuicio patrimonial por la suma de G. 709.600.000.

El daño patrimonial que sufrió la Municipalidad de Arroyito fue ocasionado por medio de adjudicaciones para construcciones de obras que en la realidad no fueron ejecutadas, como constataron la Contraloría General de la República y la Fiscalía, según resalta la acusación fiscal.