Los senadores Amado Florentín (PLRA) y Stephan Rasmussen (PPQ), notificaron ayer al titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, para solicitar informes sobre el estado actual de las auditorías abiertas a las gobernaciones de Central, de San Pedro, de Cordillera, de Caazapá, de Alto Paraguay, de Concepción, de Itapúa, de Alto Paraná y de Amambay, sobre la falta de rendición de cuentas respecto al uso de US$ 1.000.000 que otorgó el Ejecutivo el año pasado para la reactivación económica de cada departamento, donde las instituciones debían generar fuente de trabajo para hacer frente a la pandemia.
La Contraloría General de la República (CGR), Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), son los entes contralores de investigar a las gobernaciones.
La Comisión Bicameral fue creada para el Control de los Recursos Previstos en la Ley de Emergencia N° 6524/2020 “Que declara Estado de Emergencia en todo el Territorio de la República del Paraguay”.
En este contexto, los miembros de la organización solicitan a la Contraloría en la brevedad posible, el estado actual en el cual se encuentran los trabajos de verificación. Cabe destacar, que hace un mes aproximadamente, el senador Amado Florentín, ya solicitó informe al gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR cartista), informe sobre su rendición de cuentas que presenta una serie de groseras irregularidades.
El administrador departamental solo remitió un escueto detalle a la Comisión Bicameral, sin los comprobantes respaldatorios de gastos y sin la descripción de las obras realizadas, según manifestó el congresista. Florentín, también expuso las irregularidades durante la sesión del Senado la semana pasada.
Al cambio actual el monto de US$ 1.000.000, equivalen a más de G. 6.000 millones. El gobernador Hugo Javier (cartista), repartió estos fondos y transfirió al Consejo Regional de Salud la suma de G. 1.276 millones para hacer obras de infraestructura en hospitales y compra de insumos y mobiliarios médicos para hacer frente a la pandemia.
El Consejo presentó tres facturas de cuáles en una figura que se compró mobiliarios hospitalarios de un taller donde se fabrican todo tipo de carrocerías para camiones de gran porte. La firma supuestamente proveedora se llama “Metalúrgica MG” y cobró más de G. 593 millones.
También se trasfirió a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) la suma de G. 5.115 millones para la realización de obras públicas en los distintos distritos de Central. La fundación para justificar el uso del dinero, presentó facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas y facturas a crédito y prestadas, sin sus recibos de dinero que comprueben la cancelación de la deuda. Algunas facturas incluso tienen fecha anterior a la transferencia, es decir, CIAP “pagó” antes de tener el dinero.