Efraín Alegre cambió de domicilio y no avisó al Juzgado

La convocatoria de la jueza de garantías Cynthia Lovera, para la audiencia preliminar, no pudo ser entregada al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico Efraín Alegre, acusado de supuesta producción de documentos no auténticos, producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso.

El ujier notificar informó a la magistrada que en la dirección que el político liberal denunció como su domicilio le indicaron que el mismo ya no vive allí y que se mudó hace aproximadamente tres meses.

Sin embargo Alegre no comunicó su cambio de domicilio al Juzgado de Garantías, como establece el artículo 77 del Código Procesal Penal. En consecuencia, la notificación de la convocatoria a audiencia preliminar no pudo entregársele.

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Al respecto, Lovera aclaró que está firme la convocatoria para llevar a cabo la diligencia, ya que la información fue divulgada por todos los medios de comunicación y Alegre pudo darse por notificado a través de la prensa.

La acusación detalla que la factura N° 008953, por valor de G. 98 millones, con membrete de la estación de servicios “Catedral”, emitida el 19 de julio de 2018 fue adulterada y utilizada por el PLRA para la rendición de sus gastos en los comicios generales del año 2018 ante la Justicia Electoral.

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El fiscal Édgar Sánchez indica en su acusación que la factura auténtica fue emitida a nombre de Arnaldo David Martínez, el 8 de agosto de 2018, por G. 100.000.

¿Podría volver a prisión?

El titular del PLRA confirmó a través de las redes sociales que está al tanto de la convocatoria a audiencia preliminar. “Seguro escucharon que voy a ir preso. No pudieron vencernos en las urnas y me convoca la jueza”, expresó Alegre.

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Anunció que asistirá a la audiencia “para mirar una vez más de frente a la mafia, ni un paso atrás” e ironizó indicando que preparó una maleta más grande porque es probable que esté más de 20 días preso.

Marco penal

Artículo 77. En su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar el domicilio procesal; posteriormente mantendrá actualizados esos datos. La información falsa sobre su domicilio podrá ser considerada indicio de fuga.