Advierten avances del plan bolivariano antipropiedad

Las proliferación de invasiones campesinas y el nuevo y reciente fallido intento de legalizarlos mediante un proyecto de ley, que fuera presentado por los senadores Pedro Santa Cruz, Desirée Masi, Víctor Ríos, Agustín Amado Florentín y Paraguayo Cubas, no son hechos aislados sino que forman parte de acciones que se vienen desarrollando a largo plazo y que actualmente está en el “Plan Cachito”, señaló esta siesta el exsenador Gonzalo Quintana.

El mismo se refirió al proyecto de ley “Que amplía el Art. 142, invasión de inmueble ajeno, del Código Penal, modificado por Ley N° 3440/2008”. Este pretendía que no se configure como hecho punible las invasiones de inmueble ajeno, cuando hayan transcurridos seis meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar acciones posesorias.

“Ese proyecto de ley no es una cuestión simplemente de invasiones de tierras, sino que pretendía ser un paso hacia la desprotección y destrucción de la propiedad privada, que es el objetivo principal, la motivación del comunismo, sea cual fuere su nombre hoy”, expresó Quintana.

“Plan Cachito”

Durante su larga ponencia explicó que el proceso que apunta romper el Estado de Derecho está actualmente en la disyuntiva de la vigencia o no del acuerdo firmado por el presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón (Cachito), y el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, con los dirigentes de la Unidad Campesina Indígena y Popular, integrada por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), Belarmino Balbuena y Jorge Galeano, entre otros, en fecha 15 de octubre de 2020.

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En dicho convenio, los citados representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo se comprometieron “a través del Indert y el Indi a mantener una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución, en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma, en una acción civil y estudiando caso por caso”.

El expositor argumentó que el plan internacional que está avanzando lenta y sistemáticamente con miras a romper el estado de derecho, apunta a un modelo político sin ley, sin división de poderes y sin propiedad privada. Dichos objetivos son impulsados en Paraguay a través de tres brazos, uno invasor; otro, político; y tercero, grupo armado.

Mencionó igualmente diversos hechos locales, en diferentes años, que en su momento causaron reacción del sector empresarial, pero que posteriormente fueron opacados y el sector anestesiado, pero las amenazas fueron creciendo.

En la parte final del conversatorio, que fue mixto, porque fue presencial y también se transmitió por la plataforma Zoom, el presidente del Club de Ejecutivos, Jaime Egüez, inició un debate sobre las acciones.

En el cierre, algunos de los participantes del foro, dirigentes empresariales, hablaron respecto al tema: Beltrán Macchi, Enrique Duarte, Gloria Ayala Person, Héctor Cristaldo y Alberto Acosta Garbarino. En general señalaron la necesidad de mantener la unidad del sector privado para recordar al sector político la necesidad de velar y hacer cumplir los principios y valores que están consignados en la Constitución Nacional, y también para generar más espacios de participación que puedan construir un mejor país.