El documento firmado ayer, 6 de julio, designa como representantes legales para defender al Estado paraguayo en el arbitraje promovido por Mota Engil Ingeniería y Construcción SA (sucursal Paraguay) contra el Estado paraguayo, tramitado ante la Corte Permanente de arbitraje, a los abogados Eduardo Silva Romero y José Manuel García, de la firma Dechert LLP (París).
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“Resulta imperioso tomar los recaudos administrativos necesarios para garantizar la defensa de los intereses del Estado y, a tal efecto, corresponde designar con carácter excepcional únicamente para este caso a los abogados que fueron contratados en el marco del llamado MOPC N° 125/2020, contratación por vía de la excepción para los servicios de asesoramiento y representación legal en los arbitrajes internacionales promovidos contra el Estado paraguayo”, señala el decreto.
En diciembre de 2020, el MOPC adjudicó a la firma Dechert (París) LLP, representado por Eduardo Silva Romero, por G. 23.809.282.000, unos US$ 3,5 millones para que la misma represente legalmente al Estado Paraguayo en el arbitraje internacional.
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La firma portuguesa Mota Engil demandó al Estado en un arbitraje internacional y pretende cobrar otros US$ 25 millones, irónicamente luego de abandonar en octubre de 2018 las obras del metrobús, que solo llegó al 30% de lo proyectado. El MOPC pagó unos US$ 30 millones a la firma a la que se le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).
Existen tres demandas en la Fiscalía, las cuales siguen estancadas y hasta el momento no existe ningún imputado en el fracasado proyecto que ocasionó y sigue ocasionando millonarias pérdidas al Estado.
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El proyecto fue impulsado durante el gobierno de Horacio Cartes, y el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, sobre el cual pesa dos de las demandas.