Sin normativa para regular el mercado de la construcción en general, de prevención de riesgos de accidentes de infraestructuras y protección a los usuarios finales (inquilinos). Así de “huérfano” se encuentra nuestro país en materia de seguridad edilicia.

Esta carencia ya había quedado al descubierto luego del incendio ocurrido en el exsupermercado Ycua Bolaños en el 2001 y salta de nuevo tras el derrumbe de un condominio en altura registrado en Miami, Estados Unidos. Esto último alertó a varios profesionales locales, quienes remarcan la necesidad de controlar, en forma rigurosa, el estado de las torres de viviendas, corporativas y comerciales (habitadas o no) de la capital y el resto del territorio.

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De hecho, el caso internacional hizo reflotar en Paraguay un proyecto de ley presentado años atrás por varios gremios de la construcción. La propuesta establecía- entre otros puntos- los requisitos, métodos, y sistemas aplicables a los proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento, demolición, inspección, reglamentación de la ocupación y el uso de las edificaciones públicas y privadas, para garantizar la seguridad de los trabajadores y los terceros que ingresen a ella.

Para el arquitecto Castorino Rojas, expresidente de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) -que participó de la elaboración de esa ley marco- tanto la Municipalidad de Asunción como las del interior no tienen condiciones ni capacidad de aprobar cuestiones técnicas elementales y mucho menos complejas.

Sostiene Rojas que esta labor debería estar a cargo de profesionales especialistas o empresas privadas autorizadas en un registro nacional. Asimismo considera necesario que los documentos presentados por estos sean en carácter de declaración jurada y garantizados por pólizas de responsabilidad de fiel cumplimiento de las normas técnicas.

En esto coincide el ingeniero Amílcar Troche, titular del Centro Paraguayo de Ingenieros, quien señaló que las municipalidades no deberían cargar con toda esta responsabilidad, considerando que no están lo suficientemente preparadas.

Considerando la gran cantidad de proyectos aprobados en los últimos años en los municipios del país, ambos profesionales recalcan la necesidad de promover normativas técnicas que protejan no solo a la cadena de producción y la industria, sino también al usuario final que usufructuará el bien, y de contar con una herramienta coercitiva que obligue a los responsables del proceso a cumplir con las normas técnicas en sus etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento preventivo.

Asimismo, remarcan la necesidad de tener bien claro en la ley las entidades públicas que estarán encargadas -suficientemente con recursos y presupuestos- para regular, exigir y sancionar las normas técnicas, actualizándolas periódicamente, así como las que estarán a cargo de administrar la calificación de los errores técnicos, mala praxis y responsabilidades emergentes que el incumplimiento de estas deriven.

Volverán a presentar

El proyecto de ley N° 5843/17, de Marco de la Construcción fue promovido hace cinco años atrás por varios gremios, como Aprocons, Capadei y otros. El documento fue tratado en su momento por ambas cámaras de Congreso y vetado parcialmente por el Ejecutivo. El documento no corrió y quedó al final archivado en la Cámara Alta.

La propuesta -con algunos ajustes- volverá a ser presentada, indicó ayer el ingeniero Amílcar Troche, quien agregó que buscan ajustar ciertos puntos de la normativa a fin de que sea aplicable en nuestro país.