El tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Fabián Escobar (presidente), Sandra Farías y Wilfrido Peralta, rechazó todos los incidentes planteados por las defensas de los acusados, entre ellos la nulidad de auto de apertura a juicio oral.
Las defensas plantearon un recurso de reposición, pero los magistrados se ratificaron en su fallo, por lo que el abogado Cristian González, representante legal de Stiben Patrón, planteó dos excepciones de inconstitucionalidad: la primera contra la resolución del juez Gustavo Amarilla, quien el 24 de setiembre de 2018 elevó la causa a juicio oral; y la segunda contra la decisión del Tribunal de Sentencia que rechazó el incidente de nulidad del auto de elevación a juicio.
“Entendemos que se violan los artículos 46 y 47 de la Constitución Nacional, que hacen referencia al derecho a la igualdad de las personas y la no discriminación, así como el artículo 138 y 254 de la Carta Magna, porque consideramos que desde el inicio este proceso fue selectivo”, argumentó el abogado defensor.
Ante el planteamiento de la defensa, el Tribunal de Sentencia ordenó la conformación de un cuadernillo de la causa para remitir a la Fiscalía General del Estado, a fin de que conteste las excepciones promovidas, y posteriormente elevar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para resolver.
Como la interposición de una excepción de inconstitucionalidad solo impide el dictamiento de una sentencia, luego de la presentación que hizo la defensa de Patrón el juicio oral inició oficialmente con los alegatos iniciales de la fiscalía.
Fiscalía ratificó acusación
Los fiscales Aldo Cantero y Eugenio Ocampos se ratificaron en la acusación contra Roberto Rojas González, por los supuestos hechos punibles de perturbación de la paz pública, daños a obras de construcción y medios técnicos de trabajo; y coacción.
Asimismo, los agentes del Ministerio Público reiteraron la acusación contra Stiben Patrón, Nelly Carlota Cortessi Martínez y Marlene Tatiana Orué, por el supuesto hecho punible de perturbación de la paz pública.
El Ministerio Público asegura tener suficientes pruebas contra estas personas, que fueron identificadas durante las manifestaciones del 31 de marzo de 2017, en contra del proyecto de enmienda constitucional para la reelección del entonces presidente Horacio Cartes, que derivó en la quema de la sede del Poder Legislativo.