Hugo Javier: “Me pongo a total disposición del Ministerio Público”

Este jueves, autoridades de la Secretaría de Estado de Tributación y la Secretaría Anticorrupción anunciaron que presentaron una denuncia contra la Gobernación de Central por una presunta irregularidad en la rendición de cuentas que hizo la autoridad regional en torno al uso de US$ 1.000.000 que recibió como parte de un fondo de asistencia por la Ley de Emergencia por el COVID-19.

La Gobernación, a cargo de Hugo Javier González (ANR), es acusada de haber suplantado facturas apócrifas de modo a “blanquear” gastos a través de una organización no gubernamental llamada Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), adjudicada por la entidad para ejecutar el dinero en obras.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el gobernador González dijo que está “a total disposición del Ministerio Público” para “esclarecer cualquier duda”, e insistió en negar que haya habido corrupción por parte de su administración.

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“Las obras están, no se malversó ni un solo guaraní, no hay daño patrimonial, evasión ni sobrefacturación”, afirmó.

El jefe regional reiteró en varias ocasiones que el trabajo de la Gobernación en torno a los fondos de la Ley de Emergencia era asegurarse de que “el desembolso del millón de dólares llegue a la ciudadanía, que se ejecute en obras”, y afirmó que estas “se ejecutaron en su totalidad”.

Facturas falsas

La denuncia presentada hoy ante el Ministerio Público es por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas, y frustración de la persecución y ejecución penal, con una pena de hasta 10 años.

La supuesta ejecución de los fondos de emergencia por parte de la Gobernación de Central se hizo a través del Consejo Regional de Salud y una organización no gubernamental llamada Centro Integral de Apoyo (Ciap), que se encargó de tramitar la compra de materiales de construcción o mobiliario para hospitales.

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El Consejo Regional de Salud recibió la suma de G. 1.276.400.000 y la fundación CIAP recibió G. 5.105.600.000, del cupo de un millón de dólares.

El caso cobró estado público cuando concejales departamentales de Central denunciaron irregularidades en las facturas presentadas por la administración regional en su rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, afirmando que incluía facturas falsas o clonadas.

“Las obras están”

El gobernador González insistió hoy en que la legalidad de las facturas es algo que escapa a la competencia de la Gobernación, reiterando varias veces que su rol es simplemente comprobar “que las obras estén”.

“La Gobernación no tiene las herramientas de la SET o la Contraloría para detectar si las facturas son clonadas, nosotros verificamos si las obras están”, dijo. “Las empresas compran y presentan los documentos, yo no tengo la forma de ir ferretería por ferretería para ver si la factura es legal”, insistió.

“Nosotros fiscalizamos que la obra esté y que el dinero del pueblo se haya utilizado de la forma correcta, y eso yo les puedo garantizar”, agregó.