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La actual titular del Indert revocó el 29 de junio pasado la resolución 1.634/20 firmada por Vega que declaraba una propiedad privada de 35.000 hectáreas en Puerto Casado como “colonia de hecho”, una decisión que favorecía a “avivados” de la zona, muchos de los cuales tendrían protección política.
Vega había firmado la anterior resolución sin estudio técnico alguno, algo que él mismo había reconocido de acuerdo a una publicación de ABC de agosto del año pasado. González Yaluff, sin embargo, dice en la justificación de la revocación que no se reúnen los requisitos para que la propiedad —que pertenece a un grupo llamado Atenil SA, que lo tiene en disputa con otros entes privados— sea declarada como “colonia de hecho”.
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El conflicto por estas tierras es de larga data. Según los antecedentes, ya en 2012 y bajo el gobierno de Fernando Lugo se había firmado una resolución que declaraba a las mismas como “colonia de hecho”, la cual quedó sin efecto en 2015 bajo la administración de Justo Cárdenas.
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Vega, una vez más, hizo lugar a la prevalencia de la medida de 2012, pero ahora González Yaluff la vuelve a revocar en un vaivén de resoluciones que expondría la inestabilidad jurídica por parte del Estado en cuestiones vinculadas a las propiedades privadas.
La resolución firmada por la presidenta del Indert asegura que las condiciones para establecerse una “colonización de hecho” están estipuladas en la Ley 622/60, una premisa que no se cumple en este caso, de acuerdo a los fundamentos jurídicos esgrimidos por su administración.