El “Centro Integral de Apoyo Profesional” (CIAP), publicó un comunicado a través del cual intenta deslindarse de responsabilidades en el caso de facturas clonadas que investiga el Ministerio Público, luego de que autoridades de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), denunciaran el caso.

El pasado 20 de mayo la Contraloría General de República (CGR) solicitó al gobernador del departamento de Central, Hugo Javier González (ANR cartista), su rendición de cuentas sobre el uso de US$ 1 millón o su equivalente de G. 6.382.000.000. Estos fondos pertenecen a la Ley de Emergencia por la covid-19, y fueron divididos para dos organizaciones que son la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y el Consejo Regional de Salud de Central.

La oenegé CIAP recibió de la institución departamental el pasado 5 de febrero de 2021 cuatro transferencias para la ejecución de obras de infraestructura en el departamento según la factura Nº 0000251 de G. 765.840.000, factura Nº 0000252 de G. 2.297.520.000, factura Nº 0000253 de G. 510.560.000 y factura Nº 0000254 de G. 1.531.680.000, totalizando la suma de G. 5.105.600.000. Los cheques fueron efectivizados entre el 10 y 12 de febrero de este año, dicen la Senac y la SET.

Para justificar el uso del dinero público, la oenegé CIAP, presentó varias facturas clonadas, otras prestadas, algunas de empresas de maletín, otras con fechas anteriores al desembolso por pagos de salarios y otras emitidas a crédito sin sus respectivos recibos de cancelación, de acuerdo a la documentación que obra en el portal web de la CGR.

Ante la investigación de la Fiscalía sobre el caso, la fundación salió al paso anoche, emitiendo un comunicado donde dice que las facturas no son suyas, sin embargo, las planillas de rendición de cuentas de la ONG están firmadas por Tadeo Álvarez Cristaldo (presidente), por Paulino Palacios (tesorero) y Eligio Lugo (contador).

“Desde la Fundación queremos resaltar que hemos obrado con total legalidad y que todos los emprendimientos que pasaron por nuestras manos, se han culminado y habilitado, mejorando la calidad de vida de numerosas personas que hoy en día utilizan dichas obras. Por todo lo señalado, sostenemos con firmeza que ninguna de las facturas que fueron halladas en la rendición de cuentas y que hoy están siendo cuestionadas, fueron presentadas por nuestra Fundación. Tampoco se contrataron los servicios de las empresas ni de las personas cuyos membretes fueron divulgados en los medios de comunicación. Todos los recursos se destinaron a la realización de obras e inversiones para los ciudadanos del Departamento Central”, dice el comunicado de CIAP.

Agrega que “lo expuesto se puede comprobar consultando el informe oficial presentado el 22 de junio a la Contraloría General de la República, el mismo que fue entregado el 18 de junio a la Gobernación del Departamento Central y en fecha 17 de junio a la Secretaría de Estado de Tributación”. Sin embargo, en el portal de la CGR obran las planillas de rendición de cuentas que fueron enviadas en el mes de mayo, con algunas rectificaciones y los montos coinciden con las transferencias hechas por la Gobernación.

Maratónica aprobación de proyectos

La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional fue creada en 2016 y está representada por su presidente Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Víctor Álvarez Doria (vicepresidente), José María Cristaldo (secretario), Paulino de los Santos Palacios (tesorero), Luis Álvarez Cristaldo (vocal) y Nicolás Doria (síndico).

Su principal finalidad era la de “apoyar a futuros profesionales de diversas disciplinas en la promoción de los valores sociales e individuales”, pero en poco tiempo se volvió multifacética y ahora hasta ofrece obras de infraestructura, mingas ambientales, compra de víveres, y mucho más.

Sus representantes aseguran que “se tocaron varias puertas hasta llegar a la Gobernación de Central que también tenía entre sus objetivos buscar el bienestar de los pobladores del departamento”.

La Presidencia de la República autorizó por Ley Nº 6641/20 de fecha 13 de noviembre de 2020, la transferencia de US$ 1.000.000 o su equivalente en G. 6.382 millones, a cada una de las gobernaciones, con el objeto de brindar apoyo financiero a los gobiernos departamentales, para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia.

En ese sentido, el Ministerio de Hacienda en fecha 28 de diciembre de 2020, realizó dos transferencias a la Gobernación del Departamento Central, la primera por el monto de Gs. 5.105.600.000 y la segunda por el importe de Gs. 1.276.400.000. A su vez, el gobernador Hugo Javier González (cartista), desembolsó el primer monto al CIAP el 5 de febrero de 2021 y el segundo monto al Consejo Regional de Salud el 12 de febrero de 2021.

Pero, apenas cuatro días después de la promulgación de la Ley de Emergencia por el Covid-19 (13/11/2020), la fundación CIAP presentó a la Gobernación de Central el 17 de noviembre de 2020 el proyecto denominado “Construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central”, con un presupuesto de Gs. 3.063.360.000 y en fecha 19 de noviembre de 2020 el proyecto denominado “Pavimentación asfáltica empedrado en el Departamento Central”, cuyo presupuesto asciende a la suma de Gs. 2.042.240.000.

Fueron firmados cuatro convenios en fecha 18 de noviembre de 2020 y el 29 de diciembre de ese mismo año, un día después que Hacienda realizara la transferencia a la institución departamental, el gobernador Hugo Javier autorizó a su Dirección de Administración y Finanzas realizar los pagos a CIAP.