Las ONG no deberían servir de “atajo” para licitaciones, sostiene Bachi

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados primeramente reiteró su voto por el rechazo del proyecto de ley que pretende suspender los desalojos durante la pandemia, que fue presentado por la ONG Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Cuestionó que los proyectos legislativos sean elaborados por organizaciones no gubernamentales y avalados bajo el secretismo por sus colegas y también aprovechó para fustigar a las ONG y sus diversas participaciones dentro del Estado.

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Por ejemplo, criticó duramente que puedan realizar compras directas u obras para municipios y gobernaciones. Consideró que ese “atajo” debería ser eliminado, pues le consta que en muchos de los casos “sirve al intendente o gobernador para utilizar al presidente de la comisión vecinal para hacer negociados”.

También criticó que varias de esas organizaciones cometan irregularidades y no sean debidamente auditadas y denunciadas. No obstante, en otro momento evitó dar muchas opiniones sobre el caso del gobernador de Central, Hugo Javier (ANR, cartista).

Núñez dijo que realizó varias consultas sobre las obras realizadas por la ONG Green Peace –que se encuentra en el foco de la tormenta por presentar presuntas facturas falsas– y recibió reportes de que los trabajos sí existen. Dijo que, si hay irregularidades, el titular de la Gobernación deberá presentar una denuncia formal.

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El proyecto de Codehupy

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay encabeza un anteproyecto de ley que ya fue presentado este miércoles 14 de julio en la sede del Congreso Nacional, mediante el cual pretenden evitar desalojos durante la emergencia sanitaria.

Para concretar la suspensión temporal de desalojos forzosos, plantean modificar el artículo 52 de la Ley 6.524 “Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19”.

Pretenden agregar que se suspenda temporalmente “la ejecución de todas las decisiones judiciales, fiscales o de cualquier otra índole cuyo objeto sea el desalojo o desocupación forzosa de inmuebles rurales o urbanos, que sirvan de asentamiento colectivo y se encuentren ocupados desde antes de la declaración de emergencia sanitaria”.