Codehupy presentará anteproyecto de ley para suspender desalojos mientras dure la pandemia

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentará un anteproyecto de ley que propone suspender la ejecución de desalojos o desocupaciones forzosas mientras dure la pandemia. Argumenta que, en el marco de la crisis sanitaria, el derecho a la vivienda es un elemento clave para garantizar la vida de las personas.

La presentación del anteproyecto de ley se hizo este miércoles 14 de julio en la sede del Congreso Nacional.
La presentación del anteproyecto de ley se hizo este miércoles 14 de julio en la sede del Congreso Nacional.

El anteproyecto fue presentado este miércoles 14 de julio en la sede del Congreso Nacional. Los integrantes de la Codehupy, acompañados de líderes y campesinos, planean ir juntos a entregar en mesa de entrada el documento.

Para concretar la suspensión temporal de desalojos forzosos, la Codehupy plantea modificar el artículo 52 de la Ley 6.524 “Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”.

“Suspéndase en todo el territorio de la República, durante el tiempo de vigencia de la declaración de pandemia producida por el SARS-CoV-2 por la Organización Mundial de la Salud y de la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la ejecución de todas las decisiones judiciales, fiscales o de cualquier otra índole cuyo objeto sea el desalojo o desocupación forzosa de inmuebles rurales o urbanos, que sirvan de asentamiento colectivo y se encuentren ocupados desde antes de la declaración de emergencia sanitaria citada”, expresa en parte la propuesta de ley de la Codehupy, según la nueva redacción que ellos proponen y que solicitan que sea aceptada.

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Instituciones afines deberán registrar asentamientos

De aprobarse la propuesta, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), deberán proporcionar al Poder Judicial, al Ministerio del Interior y al Ministerio Público un registro de los asentamientos colectivos en riesgo de desalojo o desocupación forzosa en un plazo de 30 días luego de la aprobación de la normativa.

La propuesta de la Codehupy sigue la línea de medidas ya solicitadas al Estado por parte de Relatorías de Naciones Unidas sobre los desalojos de asentamientos al principio de la pandemia. Entre otras cosas, estas organizaciones instaron a los gobiernos a “declarar el fin del desalojo o desplazamiento forzoso de los asentamientos informales. Asegurar que se disponga de los recursos necesarios para aplicar esta orden de manera efectiva, incluidos los recursos para vigilar y prevenir los desalojos extrajudiciales”. Desde las Relatorías argumentaron que, en este contexto sanitario, el desalojo del hogar “es potencialmente una sentencia de muerte”.

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Estado debe proteger, no echar, dicen

El abogado Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy, dijo que el Estado paraguayo tiene la obligación de proteger a las familias empobrecidas y no echarlas a la calle sin ninguna alternativa, cuando al mismo tiempo les están diciendo “quedate en casa”.

Recordaron que están amparados en el derecho internacional, en los derechos humanos y en nuestra Constitución Nacional.

El parlamentario Miguel Fulgencio Rodríguez, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, recibió el proyecto de ley y les respondió que “lo haría suyo”, para que ya no ocurran desalojos “violentos y salvajes”.

El doctor Ayala expresó que hay recomendaciones precisas de organismos internacionales que aconsejan la suspensión de desalojos mientras dure la pandemia.

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Se podrá denunciar invasiones

Aclararon que esto no significa que nadie podrá hacer una denuncia por invasión de inmueble, pero si un fiscal o juez dispone un desalojo, esa orden va a quedar diferida para después de la pandemia.

En la propuesta se prevé que las propias instituciones del Estado construyan el registro de los asentamientos colectivos, teniendo así su propia base de datos.

La idea es que en virtud de esta ley puedan reportar los datos que tienen para que las autoridades judiciales, que son las que estarían aplicando esta legislación, tengan a mano un informe oficial sobre los respectivos asentamientos.

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