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El reciente caso de la Gobernación de Central, administrada por el cartista Hugo Javier González, dejó en evidencia una vez más la utilización de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y hasta oficinas locales de organismos internacionales para la administración de dinero público lejos de los controles previsto por la ley de Contrataciones Públicas.
En una entrevista concedida a ABC semanas atrás, el titular de la DNCP, Pablo Seitz, refirió que la compra o ejecución de dinero público no debería realizarse mediante organizaciones sin fines de lucro, ya que los procesos mediante estas no se rigen bajo un sistema de control.
La excusa esgrimida es que la realización de procesos licitatorios a través de la DNCP ralentinzan los procesos, aunque la propia ley establece las situaciones para las compras rápidas.
En la práctica, lo que se consigue no es rapidez sino evasión del seguimiento casi en tiempo real que se puede realizar a través de la DNCP, alejando los millonarios procesos de la vista de la ciudanía.
En 2020, el entonces viceministro de Finanzas y actual ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, también había explicado que la utilización de ONG u organismos internacionales dificultaban la trazabilidad de los fondos públicos.
Llamosas dijo que anteriormente las entidades que tenían contrato con el PNUD o la OEI transferían los recursos a través del objeto del gasto 800, que son transferencias a organismos internacionales, pero no se tenía ningún retorno respecto a dónde se impactaba contable y presupuestariamente estos recursos. “No sabemos si era para compra de vehículos, equipos u otros tipos de gastos, lo que implicaban digamos ese convenio o acuerdo”, indicó entonces.
Lo cierto es que todas estas vías perciben un porcentaje de los millonarios fondos que manejan lejos de los ojos de la ciudadanía.
El caso Central
El caso más reciente de este “bypass” a la ley de Contrataciones Públicas es el de la Gobernación de Central.
Administrada por el cartista Hugo Javier González y su “monje negro”, Miguel Robles; la Gobernación recibió US$ 1 millón del fondo de emergencia.
De ese total, se entregó más de G. 5.000 millones al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo.
Además, la misma institución pública entregó en poco más de dos años unos G. 11.800 millones a una ONG llamada “Plantemos Conciencia” por diversos servicios. Esta es administrada por Esteban Álvarez Quevedo, un joven psicólogo de 29 años; y declaró una oficina que nunca fue encontrada.
En el caso del CIAP, se detectaron facturas falsificadas para justificar el destino de los fondos recibidos. En el caso de Plantemos Conciencia, los “trabajos” son cuanto menos llamativos.
El cerco de la OEI
El nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), aparece ligada a varios contratos millonarios en los últimos años.
La oficina local se ha encargado en los últimos años de ejecutar compras millonarias de instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencias o la Itaipú Binacional.
El año pasado fue duramente cuestionado el proceso de selección de consultores para el MEC por la falta de transparencia.
En mayo de este año, fue la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), la que criticó al organismo y lo señalaron por impulsar licitaciones públicas irregulares para compra de ambulancias, en violación a los derechos de concurrencia.
Días atrás, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó duramente al organismo por los fondos que recibió de Itaipú. “A la Organización de Estados Iberoamericanos se le entregó 10 millones de dólares en diversos conceptos y convenios, por ejemplo, fortalecimiento de la seguridad nacional año 2017, luego 2018 y 2019. ¿Qué hace esta organización para fortalecer la seguridad por 10 millones de dólares cuando en Paraguay no hay seguridad nacional?”, se preguntó.
CIRD y el discurso de la transparencia
El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), es una de las ONG que con insistencia habla de transparencia; sin embargo, es uno de los entes utilizados para administración de fondos que provienen de donaciones internacionales para instituciones públicas.
Por ejemplo, según su propia web, el CIRD es encargado de “manejar las finanzas” y de las “adquisiciones y compras” de fondos internacionales que tienen como destino campañas del Ministerio de Salud Pública
Al ser encargado de administrar esos fondos, facilita la evasión de los controles de la DNCP y también percibe millonarios fondos como “fee” por manejos administrativos.
Otros organismos internacionales que también han sido duramente cuestionados por el manejo del dinero público son la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que en los últimos años han administrado millonarios fondos para proyectos frustrados.