En plena crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, el IPS decidió contratar una treintena de abogados externos.
De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso ABC Color, estos profesionales le costarán a los aportantes de la previsional un total de G. 2.250 millones.
Todo esto a pesar de que existe una estricta prohibición de contratar o nombrar funcionarios en las instituciones de la administración pública. De acuerdo a la ley de emergencia y a su decreto reglamentario, solo pueden ser contratados o nombrados personales de blanco para atención de la pandemia.
Millonarios pagos
Nuestro diario tuvo acceso a una copia de los contratos firmados por los abogados externos.
Por el IPS, el encargado de firmar los documento fue Cristian Fox Gamarra, director de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
El primer punto llamativo del contrato es que deciden crear una casta especial de funcionarios en el IPS, ya que los abogados externos no están obligados a cumplir horario alguno, mientras otros funcionarios sí están sujetos a este tipo de condiciones.
El IPS, además, exige como único requisito para confirmar el cumplimiento del trabajo, la presentación de informes.
Pero la que sobresale por encima de todas es la cláusula decimosegunda del formato de contrato donde se establece la remuneración y la forma de pago para los abogados externos.
El IPS debía realizar un primer pago de G. 30 millones a cada abogado al momento de la firma del contrato. Posteriormente se debían realizar otros tres pagos: en julio, setiembre y diciembre; cada uno de ellos por G. 15 millones.
Es decir, en total cada abogado externo recibirá G. 75 millones.
De acuerdo a un pedido de informe remitido en mayo pasado a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la previsional, un total de 30 abogados externos firmaron contratos con la previsional.
Esto arroja un total de G. 2.250 millones que deberán ser remunerados para cumplir con las obligaciones adquiridas por la previsional.
Todo esto en medio de una de las peores crisis económicas generada como consecuencia de la pandemia del coronavirus y mientras el IPS busca formas de solventar los subsidios que deben pagar a empleados suspendidos.
Intentamos conversar con el presidente de la previsional, Vicente Battaglia, pero el mismo no atendió a nuestras llamadas.
Derroches por todos lados
No es el primer derroche detectado en el IPS en plena pandemia.
En mayor del año pasado, la previsional estuvo a punto de destinar un total G. 39.886 millones (unos US$ 5,7 millones) para la adquisición de un sistema de gestión hospitalaria (HIS por sus siglas en inglés) para el hospital regional y los centros asistenciales de la previsional en el departamento de Alto Paraná.
El proceso de licitación había sido frenado ya en mayo pasado, luego de que la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft), denunciara una serie de irregularidades en el llamado. Sin embargo, la previsional siguió con el proceso y finalmente volvió a adjudicar a la misma empresa en diciembre, ya en época de fiestas de fin de año.
La denuncia de la Cisoft generó que intervinieran en el proceso tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como la Contraloría General.
La DNCP ordenó la anulación de la adjudicación de Green en octubre, pero el IPS insistió.
La CGR, por su parte, detectó que el llamado había sido direccionado.