Denuncian que cuatro familias invaden viviendas en Pirayú

El fiscal Manzur manifestó que abrió una carpeta fiscal por invasión de inmueble, coacción y no descarta ampliar por apropiación de pertenencias de las familias afectadas. El hecho afecta a Raúl Salinas, Lourdes Jorgelina Rojas de Luttke, Ángel Salinas y Blanca Díaz, quienes quedaron en la calle junto a sus hijos menores.

En la causa individualizada como “Paola Giménez, y otros contra invasión de inmueble, coacción y apropiación”, los supuestos invasores fueron llamados para una indagatoria ante el Ministerio Público, pero no se presentaron.

El agente fiscal refirió que va analizar la situación para poder imputar, pero eso depende si reúne todos los elementos de prueba, donde las víctimas deben acreditar ser propietarios del inmueble y deben demostrar que la ex Senavitat les adjudicó en el 2015.

Este fin de semana estuvo caldeada la situación en el barrio 4 donde se encuentra asentada unas 40 familias. Como se está en época electoral al parecer algunos políticos, que sería del Partido Colorado, de este distrito estarían incitando a la invasión de inmueble. Un grupo de vecinos apoyan a los que quedaron en la calle y otro sector a los que ingresaron en las viviendas ajenas.

Los lugareños piden se respete la propiedad privada. Lamentaron que no hay seguridad y que cualquier persona puede ser víctima de similar situación si no se actúan con margen a la ley.

La afectada Jorgelina Rojas de Luttke Rojas, manifestó que tiene la resolución de transferencia de inmueble que le otorgó la Municipalidad local y había pagado G. 3.600.000 para la adjudicación por parte de la entonces Senavitat y que demuestra ser propietaria de la vivienda.

Lea más: Integrantes del Movimiento Campesino reclaman

Agregó que si los instigadores están tan seguros, que no se habitan las casas, hubieran entrado en horas de la mañana a plena luz del día o tendrían que haber gestionado ante las instancias correspondientes.

Ahora centran sus esperanzas en el fiscal Manzur para que impute a los responsables, y en caso que sean beneficiados con prisión domiciliaria que la disposición judicial cumplan fuera de las viviendas ocupadas.