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El proyecto plantea establecer un marco para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género, con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos, libres de todas las formas de discriminación y violencia.
El tema de la violencia política contra las mujeres cobró actualidad recientemente por las expresiones del diputado Roberto González, quien en plena sesión trató de “putita con escapulario” a su colega del PLRA Celeste Amarilla. El legislador fue cuestionado por diversos sectores, entre ellos los de su propia agrupación política y se vio obligado a pedir disculpas, aunque con evidente falta de convicción.
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La normativa otorga al Ministerio de la Mujer varias atribuciones, entre ellas la de impulsar las políticas públicas para prevenir este tipo de violencia y diseñar un protocolo de intervención paras todas las instituciones.
Asimismo, la Justicia Electoral tiene varias atribuciones, como la de implementar campañas y mecanismos de monitoreo para evitar la violencia política hacia las mujeres, así como la de ordenar la suspensión inmediata de propaganda política en la que se identifiquen manifestaciones de violencia contras las mujeres.
La normativa también obliga a los partidos políticos, movimientos, alianzas y concertaciones a adoptar medidas para evitar la violencia específica contra las mujeres. También la defensoría del pueblo y el Parlamento tendrán responsabilidad en la prevención.
La iniciativa complementa la Ley 5777/ 2016 “de Protección Integral a las Mujeres”, contra toda forma de violencia, estableciendo medidas urgentes e inmediatas con la finalidad de reducir el número de mujeres víctimas de feminicidio, además de prevenir, atender y proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.