Pobladores impiden alambrado de inmueble en conflicto en Félix Pérez Cardozo

Campesinos de la compañía Potrero Benítez de Félix Pérez Cardozo, Guairá, impidieron una vez más que se alambre un inmueble de 517 hectáreas de una empresa privada y en donde hay un área en disputa. Hay una disposición judicial que los pobladores no respetan y se registraron incidentes con la Policía.

Sigue conflicto entre campesinos e inmobiliaria en Félix Pérez Cardozo.
Sigue conflicto entre campesinos e inmobiliaria en Félix Pérez Cardozo.foto, gentileza

Forcejeos y empujones con agentes policiales y hasta el intento de aprehensión de varios pobladores se registraron la tarde de ayer entre pobladores y la Policía cuando la empresa Monteverde SA, propiedad del Conrado Hoeckle, también accionista de la Azucarera Paraguaya S.A (Azpa), intentó una vez más alambrar una propiedad que los pobladores alegan es un campo comunal. Sus trabajadores contaban con el acompañamiento de cascos azules y efectivos de seguridad de la Policía de Guairá.

Es la cuarta vez que los vecinos impiden el alambrado asegurando que unas 15 hectáreas de la propiedad de la empresa en realidad corresponden a un campo comunal. Además, hay un juicio de mensura pendiente en que los campesinos y la empresa están en litigio.

Monteverde SA cuenta con un amparo constitucional concedido por la jueza de Villarrica Claudia Mosqueira para alambrar el inmueble y el Juzgado exhortó a la Policía a que use la fuerza para cumplir el fallo judicial.

Paralelamente, hay una denuncia de invasión de inmueble en contra de los dirigentes campesinos. La fiscala de Villarrica que interina esta causa, Rosa Arzamendia, también dispuso que la Policía controle permanentemente la zona en conflicto.

El procedimiento fue encabezado por el director de Policía de Guairá, Elber Franco, quien informó que en todo momento buscaron dialogar para hacer cumplir la orden judicial. No se logró y recomendaron a la empresa Monteverde desistir. Además, anunció que se analizará nuevamente acompañar el alambrado más adelante, pero con más personal policial.

También aclaró que finalmente no se detuvo a ningún poblador, pero sí se remitieron a la Fiscalía los datos de las personas que impidieron el alambrado.

El problema es que previamente hay un juicio pendiente de mensura sobre el mismo inmueble que aún no se resolvió. En este último juicio, los campesinos están como litigantes y argumentan que 15 hectáreas del terreno en cuestión son propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

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