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La audiencia está a cargo de la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, quien en estos momentos estudia los incidentes planteados por el abogado defensor Alvaro Arias, durante la audiencia preliminar realizada esta mañana.
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Incidentes de falta de acción, falta de existencia de hecho punible e inclusión de prueba fueron planteados por la defensa. Asimismo, García planteó suspensión condicional del procedimiento y procedimiento abreviado, para no ir a juicio oral.
Específicamente, la defensa pidió cumplir reglas de conducta durante dos años, y reparar el daño social con una donación de poco más de G. 30 millones, a ser efectuada durante ese mismo periodo.
La defensa argumentó que ya la municipalidad suscribió nuevo contrato con Ivesur y que este desistió de su demanda. Destacó que García no ha sido acusado por lesión de confianza sino por uso de documento no auténtico.
El fiscal Guerrero se opuso a la suspensión condicional del procedimiento porque considera que la reprochabilidad de la conducta del mismo es elevada. En cuanto a la propuesta de procedimiento abreviado con la suspensión a prueba de la condena, también se opuso por considerar que en este caso existe ya una persona condenada por más de dos años, por lo que no correspondería la aplicación ni de la suspensión y del procedimiento abreviado.
“Para la Fiscalía no se dan la condición exigida por el código para la suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento abreviado, que es el reproche mínimo. Considera la Fiscalía que el reproche es elevado, entoncesyse tiene que debatir en un juicio oral y público por tener en cuenta que la sanción que puede recaer supera mucho más de los años como se dio en el caso de Rodolfo Duarte (funcionario de la municipalidad condenado recientemente)”, explicó Guerrero durante un receso de la audiencia.
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Con relación a los demás incidentes, el fiscal Guerrero destacó que se trata de cuestiones debatidas y rechazadas en una etapa anterior, por lo que no corresponde volver a discutir la cuestión planteada por la defensa, razón por la cual solicitó igualmente su rechazo.
Según la acusación fiscal, el 6 de octubre del año 2016 el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José Enrique García (hoy acusado), falsificó un escrito para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna a pagar a la firma Ivesur SA G. 18.975.014.366.