Francisco Antonio Benavente decidió hace cinco años construir una vivienda en un inmueble que adquirió hace más de 25 años en la compañía Ciervo Cua de San Bernardino, Cordillera. La obra estaba prevista frente a una pequeña casa ya existente en el terreno.
Benavente afirmó que los trabajos comenzaron con los permisos municipales correspondientes. Sin embargo, tropezó con la negativa de sus vecinos de avanzar con la construcción porque supuestamente no respetaba los 50 metros de franja de protección del lago Ypacaraí para la edificación de viviendas.
Los supuestos afectados, el abogado Carlos Alberto Palacios y un ciudadano alemán de nombre Erhart Härtl, incluso interpusieron un interdicto de obra nueva para paralizar los trabajos. Según el escrito, presentado el 2 de octubre de 2020, el inmueble de Benavente está en el Área Silvestre Protegida del Lago Ypacaraí y Humedales, donde rige un Plan de Manejo aprobado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Además, a nivel municipal existe una ordenanza que determina que la propiedad de Benavente está en Zona de Protección Ambiental (ZPA).
En otra parte del escrito, los propios accionantes mencionan que la realidad es que sus casas mirarán hacia el fondo de la vivienda de Benavente. Esta situación creará la obstrucción de sus vistas laterales, causando incluso un menosprecio o depreciación de sus inmuebles, señala el documento.
Benavente expresó que pese a las contradicciones, la jueza penal de Garantías de Caacupé, Verónica Almirón, resolvió el 15 de julio de 2021 dar lugar al pedido de sus vecinos y deberá derribar su construcción en un periodo de treinta días.
Un punto llamativo es que la magistrada en su conclusión reconoce que la prohibición de edificar en la franja de cincuenta metros constituye una restricción al derecho a la propiedad, “pero al mismo tiempo dicha limitación confiere a los propietarios que se encuentran en la zona el derecho al disfrute igualitario del paisaje, la luz, el aire y otros atributos de la naturaleza”, dice la jueza.
“Es una aberración jurídica, porque además de reconocer la violación de la propiedad privada, prácticamente usurpa la función municipal”, señaló el propietario del inmueble.
Benavente comentó que el proyecto y construcción de su vivienda están aprobados por la resolución IM Nº 234 del 13 de setiembre del 2016 y reconfirmada mediante resolución IM Nº 495 del 12 de agosto de 2020. Expresó que el 10 de setiembre de 2020 incluso una comisión técnica de la Comuna de San Bernardino verificó la propiedad y encontró que la construcción se encuentra a 58,28 metros del lago Ypacaraí, dentro de las normas municipales.
Añadió que sus vecinos en un intento por trabar la construcción primero recurrieron al Mades. Sin embargo, esta cartera estatal mediante resolución de Asesoría Jurídica Nº 260 del 4 de setiembre de 2020 concluyó que no se ha violado norma ambiental alguna con la construcción de su vivienda.
Actual superintendente era parte de estudio jurídico
Carlos Alberto Palacios Cañellas es conocido por ser uno de los abogados del expresidente de la República Horacio Cartes. Integra el estudio jurídico Palacios, Prono & Talavera Asociados, del cual también formaba parte años atrás el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón.
Coincidentemente, Martínez Simón es ahora superintendente de la Décima Tercera Circunscripción Judicial de Cordillera, de la cual depende la jueza Verónica Almirón.
Intentamos obtener la versión de la jueza Almirón, pero se excusó de hablar con nosotros aduciendo que estaba cuidando a un familiar enfermo en un sanatorio. También llamamos a Palacios, pero no atendió nuestra llamada.