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Llamativo apuro de jueza por ordenar el derribo de casa

Este artículo tiene 5 años de antigüedad
Verónica Almirón, jueza de Caacupé que ordenó el derribo de una casa en construcción en un periodo de treinta días.
Verónica Almirón, jueza de Caacupé que ordenó el derribo de una casa en construcción en un periodo de treinta días.Archivo, ABC Color

La jueza de Caacupé Verónica Almirón ordenó el derribo de una vivienda en construcción en San Bernardino porque “obstruía la visual” del lago Ypacaraí de los vecinos. Lo llamativo es que la disposición judicial se adoptó pese a existir una demanda contencioso administrativa sin acuerdo y sentencia.

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La jueza en lo Civil y Comercial de Caacupé, Verónica Almirón de Alfonso, resolvió el 15 de julio último ordenar el derribo de la vivienda construida por Francisco Benavente en San Bernardino, Cordillera. Fue al dar lugar a un interdicto de obra nueva impulsado por sus vecinos, el abogado Carlos Palacios y el ciudadano alemán Erhart Härtl.

La magistrada dice en su conclusión que la sentencia era porque supuestamente Benavente no respetó la franja de protección de cincuenta metros del lago Ypacaraí. Este hecho, lejos de ser fundamentado jurídicamente como un daño ambiental, se presentó como “una obstrucción de una visual de 180º del lago Ypacaraí y la Cordillera de los Altos” para los vecinos, de acuerdo al documento.

Además, la obra “rompía con una armonía urbanística y paisajística” que, según los demandantes, lograron conservar con los años.

Benavente presentó a la jueza las resoluciones de la Municipalidad de San Bernardino que aprobaban su construcción. Incluso, una conclusión de un sumario administrativo del Ministerio del Ambiente y Sostenible (Mades) en el cual dice que su obra no viola norma ambiental alguna.

Sin embargo, la jueza hizo caso omiso a los permisos e incluso pasó por alto una demanda contencioso administrativa en estudio, según confirmó ayer el asesor jurídico de la Comuna de San Bernardino, Rafael Rojas.

Rojas explicó que los supuestos afectados habían recurrido ante un Tribunal de Cuentas para solicitar la anulación de resoluciones municipales, una de ellas sobre la aprobación de la obra de Benavente y la otra sobre la anulación de una comisión vecinal en la zona. Sin embargo, la demanda no fue admitida en primera instancia porque las disposiciones comunales no vulneraban el derecho de los accionantes.

Señaló que el proceso actualmente está en estudio por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no existe aún el acuerdo y sentencia. Lo curioso es que la jueza ya emitió una orden en el fuero civil para derribar, sin esperar el resultado de esa demanda administrativa; es decir, podrían existir dos disposiciones judiciales completamente contrarias, según explicó el asesor municipal.

Rojas confirmó que la obra de Benavente cumple con las ordenanzas municipales e incluso del Mades.

Exasociado de ministro

Coincidentemente, Palacios, uno de los demandantes de Benavente, es abogado del expresidente Horacio Cartes y exasociado del ministro de la Corte Alberto Martínez Simón.

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