Los hechos punibles que el fiscal Delfino, de la Unidad Especializada de Antisecuestros, presentó en la acusación son privación de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración a la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionario y cohecho pasivo agravado, informaron fuentes del Ministerio Público.

Según la información, la representación fiscal ha reunido suficientes elementos para sostener la acusación contra los citados agentes policiales y solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público, sustentados en las pruebas documentales, testificales y las evidencias colectadas en la etapa investigativa. Considera además válidas y aptas las evidencias para demostrar los hechos punibles denunciados y la autoría de los acusados en los hechos investigados.

Antecedentes del caso

De acuerdo a los antecedentes, los efectivos policiales que en ese entonces prestaban servicio en la Brigada Central del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles, con sede en San Lorenzo, habrían extorsionado y privado de su libertad a Osvaldo Ramón Peralta Acosta y Mirtha Isabel Torres, el pasado 3 de febrero.

Conforme a los datos, la pareja contaba con varias órdenes de captura por estafa, situación que supuestamente aprovecharon los acusados para coaccionar y extorsionar a las víctimas. Según la investigación, les exigieron el pago de G. 50 millones a cambio de no dar cumplimiento a las órdenes de detención judiciales y fiscales que pesaban sobre ellos. También les amenazaron con involucrarlos en otros hechos punibles, incluso hasta de muerte.

Las víctimas fueron privadas de su libertad tras ser interceptadas en la vía pública, y luego trasladadas y retenidas dentro de una sala, en la base de la Brigada Central del Departamento de Hechos Punibles de la Policía Nacional, donde habrían exigido el pago correspondiente.