Cámara ratifica proceso penal para directivos de Caja Bancaria por supuesto descomunal desfalco

La Cámara de Apelaciones ratificó el rechazo del sobreseimiento definitivo dispuesto por la jueza Cynthia Lovera y, en consecuencia, los acusados por el desfalco de casi 3 billones de guaraníes en perjuicio de la Caja de Jubilados Bancarios seguirán atados al proceso penal. Los directivos imputados por lesión de confianza son: José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera. Los cuatro procesados fueron reelegidos como directivos de la Caja pero no tienen el decreto presidencial que los habilita como tales, por su causa penal.

El abogado Álvaro Arias (izq.) y el reelecto  titular de la Caja Bancaria, José Antonio Caballero, ayer en Palacio de López.
El abogado Álvaro Arias (i) y José Antonio Caballero, de la Caja Bancaria, que sigue procesado por lesión de confianza.Archivo, ABC Color

La Cámara de Apelaciones, integrada por los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Pedro Mayor Martínez y Óscar Rodríguez Kennedy, por Auto Interlocutorio (AI) N° 256 del 26 de julio de 2021, ratificó íntegramente la decisión de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, quien por AI N° 394 del 16 de abril de 2021 rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo y nulidad de la acusación planteados por los acusados y decretó el sobreseimiento provisional, entre otras disposiciones.

El primer opinante fue el camarista Rolón Fernández, quien sostiene que la jueza Lovera “ha seguido el lineamiento correspondiente otorgando el sobreseimiento provisional, atendiendo en positivo la pretensión fiscal, solución que a juicio de este miembro se halla ajustada a derecho, por lo que corresponde ser confirmada su resolución”. Rolón Fernández también rechazó los demás incidentes planteados por los acusados.

Posteriormente, los camaristas Mayor Martínez y Rodríguez Kennedy se adhirieron a la postura de su colega Rolón Fernández.

Sobreseimiento provisional

La jueza Lovera dispuso en la audiencia preliminar del 16 de abril pasado que la Fiscalía, representada en este caso por la agente fiscal Fátima Capurro, debe hacer una serie de diligencias para luego concluir su requerimiento conclusivo y en la próxima audiencia preliminar se resolverá, en caso de haber acusación, si la causa se eleva o no a juicio oral.

Entre las diligencias pendientes por parte del Ministerio Público se encuentran 32 pedidos de informes a instituciones como el Banco Central del Paraguay, la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo, entre otros, en los que se encuentran resultados de sumarios instruidos por el Banco Central a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

El caso

La fiscala Fátima Capurro acusó y solicitó juicio oral y público el 1 de diciembre de 2020 para los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines, Ángel Chamorro Ortiz, Xavier Hamuy Campos Cervera, José Caballero y Miguel Oro Domínguez. Están acusados por lesión de confianza, en grado de autores.

La acusación del Ministerio Público señala que, pese a que el Banco Central del Paraguay a través de la Nota SB SG N° 0005112017 y SB SS 03212017, del 9 de enero de 2017, comunicó a los responsables que el monto destinado para la ampliación y mejoras en la infraestructura de la sede social “Quinta Ykua Ybumi” no reunía las condiciones necesarias para su ejecución, de igual forma se realizó y para ello se destinaron G. 1.296.229.353. También acusan que los gastos realizados aumentaron en demasía a partir del año 2016, que, según un informe del 2017, ascendió a G. 59.851.229.470 y que en el año 2018 se ha incrementado a G. 101.432.531.170. El perjuicio total causado a la Caja es de G. 2.623.098.082.875.

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