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El juez de Garantía de este distrito, Hilario Bustos, fijó audiencia para el pasado 4 de agosto para el ex intendente Silva López, pero a través de su representante legal Juan Ángel Ramírez Irala, solicitó suspensión de la audiencia hasta tanto su defensor se pueda interiorizar del expediente.
El ex intendente durante su administración 2010-2015, tuvo una cuestionada gestión donde sus rendiciones de cuentas, siempre fueron aprobadas con observaciones, cuyos vicios o irregularidades detectadas no fueron corregidas ni tenidas en cuenta.
El Ministerio Público investiga solo un perjuicio patrimonial de G.185.124.130. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR), había detectado varias irregularidades donde el perjuicio por pagos irregulares, obras fantasmas e incumplimiento de garantía de contrato superaba la suma de G.1.229 millones.
El fiscal Villagra manifestó que el Ministerio Público tiene seis meses para presentar acusación contra el ex ejecutivo comunal. No descarta que también en el marco de la investigación otros funcionarios que eventualmente tuvieron participación en los hechos denunciados, como también los concejales municipales, del periodo 2010-2015, que aprobaron las rendiciones de cuentas sin constatar la veracidad de la información, sean agregados a la carpeta fiscal. El actual candidato a la intendencia por la ANR, Luciano Cañete, fue presidente de la Comisión de Hacienda y no había manifestado oposición a la gestión de Silva López.
Ante dicha situación surge la sospecha razonable de la existencia y comisión del hecho punible contra el patrimonio, lesión de confianza investigado como la presunta participación en la perpetración de los citados hechos punibles del ex intendente Silva López ,en su carácter de autor, por lo que solicitó al Juez Bustos la calificación provisoriamente de la conducta típica, antijurídica, reprochable y punible atribuida al ex ejecutivo comunal.
El organismo de control a través de la Resolución N°013/2016 había iniciado un examen especial a lo que fue la gestión los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de royalties y compensaciones así como de Fonacide a la Municipalidad de Carapeguá correspondiente al ejercicio fiscal 2014-2015.
Durante el 2017 el equipo auditor integrado por Enrique Coronel Del Puerto, Laura González, Liz Ortiz y Julio Frutos, realizó el examen especial de los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de Royalties y Compensaciones, así como del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), a la Municipalidad de Carapeguá, departamento de Paraguarí, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
Pago irregular de G. 414 millones de fondos de royalties
El ex intendente en el ejercicio fiscal del 2014 pagó en diferentes conceptos sin que estos tengan relación directa con inversión de capital un total de G. 249.582.923. Y en el 2015 por un total de G.165.335.481, incumpliendo lo dispuesto en la Ley N° 3984/10 “Que establece la distribución y deposito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado a los Gobiernos Departamentales y Municipales.
Por otra parte, se constató que la Municipalidad no exigió al Contratista “María Yudit Dávalos Ayala, de la empresa Atlantic Construcciones & equipamientos” por la obra: “Construcción de Aula en el Colegio Nacional San Pedro de la compañía Caazapá con fondos del Fonacide-Año 2015”, por importe de G. 85.000.000, las garantías de anticipo y fiel cumplimiento del Contrato, incumpliendo lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” .Esta empresa es del presidente de la seccional Colorada de Paraguarí, Marcelo Simbrón, actual candidato a intendente por el distrito de Paraguarí.
Pagó demás al Contratista “Simeón Sosa Rojas Construcciones San Cayetano” G. 79.375.500, por ítems no realizados en la obra: “Construcción de Empedrado en la compañía Tajy Loma, alrededor de la Escuela y Colegio Tajy Loma - Año 2015”.Además no exigió al contratista, las garantías de anticipo y fiel cumplimiento del contrato.
Entre otras irregularidades, no exigió al contratista “Daniel Ortellado Martínez-DO Construcciones”, las garantías de Anticipo y Fiel Cumplimiento del Contrato, por la obra de construcción y reparación de muro, puente y desagüe fluvial en diferentes barrios de la ciudad por importe de G. 87.380.000.
Presunta obra fantasma
El equipo auditor realizó la verificación in situ a las obras de infraestructura a ser construidas según contratos proveídos por la administración Municipal de Carapeguá, financiados con los recursos de royalties por importe total de G.154.579.700, no pudieron constatar la existencia de las mismas debido a que los datos consignados en los contratos no son precisos y la persona asignada por el Municipio no conocía la ubicación de las supuestas obras.
Por otra parte, según los auditores, la comuna pagó demás al contratista “Simeón Sosa Rojas Construcciones San Cayetano” G. 79.375.500 por ítems no realizados en la Obra: “Construcción de Empedrado en la compañía Tajy Loma, alrededor de la Escuela y Colegio Tajy Loma (Año 2015)”.
Asimismo, también pagó demás la suma de G. 32.943.275 por trabajos no ejecutados a “María Yudit Dávalos Ayala,Atlantic Construcciones & equipamiento, por la obra: Construcciones de tres bloques de aulas nuevas en la Escuela Básica Nº 2.212 – Sagrado Corazón de Jesús, en la compañía Ndavarú”.
Recomiendan recuperar G.73.748.630
La CGR sugiere a la Municipalidad local recuperar G.27.155.000 de la empresa Daniel Ortellado Martínez, por obras varias de desagüe fluvial realizadas en diferentes barrios.
Recuperar G. 32.943.275 pagadas demás a la constructora Atlantic Construcciones cuyo representante legal es María Yudith Dávalos, en tres bloques de aulas que debía realizarse algunos ítems en la escuela Sagrado Corazón de Jesús de Ndavarú. Y otra que la misma empresa realizó y que debe devolver la suma de G.3.500.000 en obra no ejecutadas en la construcción de obras de la escuela Padres Unidos de Cañete Cué.
Otro monto a recuperar es de G.6.978.355 pagadas demás por obra no ejecutadas en la construcción de la escuela Padres Unidos de Cañete Cué, realizada por Fausto Encina Cabral.
Así también los auditores revelan que la comuna debe recuperar el monto de G. 3.172.000, que ha pagado demás por cantidades no ejecutadas por el contratista Agustín Mendoza Giménez, por la obra de refacción en la Escuela Básica Nº 2.990 Blásida Páez de la compañía Franco Isla, Caacupemí en 2014.
La Contraloría indica que durante el ejercicio fiscal 2015, la comuna pagó también G. 40.290.022, adjuntando facturas con timbrado vencidos
Además se constató que las notas de remisión de las raciones del almuerzo escolar provista por la comuna fueron firmadas y selladas por mesa de entrada de la Municipalidad de Carapeguá y de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), y no se visualizó la firma y el sello de las escuelas beneficiadas.