Una revisión en condenas, juicios y denuncias a políticos involucrados en lavado de dinero demuestra que nuestro país ya estaría “aplazado” en el examen del Gafilat, a juzgar por los resultados. Los responsables directos son el Poder Judicial, presidido por César Diesel, y el Ministerio Público, cuya autoridad máxima es Sandra Quiñónez (ver el cuadro).
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A modo de ejemplo, un miembro del clan Sánchez Garcete ya fue asesinado mientras el juicio a sus integrantes sigue paralizado.
Óscar González Daher y Raúl Fernández Lippmann fueron ¡absueltos! en la acusación por lavado de activos.
Darío Messer y Cynthia Tarragó tuvieron que ser juzgados en el exterior ante la impunidad local.
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El primo de Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros, y Justo Pastor Cárdenas (ex-Indert), recibieron “condenas” de fachada duramente cuestionadas y las denuncias por lavado contra el clan Zacarías Irún fueron rechazadas o cajoneadas por jueces y fiscales.
Ulises Quintana sigue en campaña electoral en CDE y Enzo Cardozo (llanista) ahora integra el Directorio del PLRA, por citar algunos casos.
La prófuga Dalia López, vinculada a los D’Ecclesiis, era investigada por lavado, pero nunca avanzó el caso.
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