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Castigo a votantes busca aumentar dinero a partidos

Este artículo tiene 5 años de antigüedad
Desde la ANR denuncian un supuesto cyber ataque con fines políticos realizado desde los Estados Unidos.
AME7232. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 20/06/2021.- Fachada de la sede de la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado (ANR), EFE/Nathalia AguilarNathalia Aguilar

La ley de voto obligatorio apuntaría a que los partidos aumenten sus subsidios y aportes estatales. Ambos rubros, suspendidos en pandemia, se calculan por cada voto. Se desempolva así un polémico “paquete” de reformas electorales.

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Este año la Justicia Electoral suspendió el pago de aportes y subsidios estatales a los partidos políticos. Dicho rubro, defendido como un “gasto” democrático a costa de los contribuyentes, se calcula en cada elección por cada voto obtenido.

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El año pasado el TSJE debía destinar G. 55.177 millones a todas las agrupaciones, pero suspendió las transferencias al inicio de la pandemia. En aportes a ocho partidos, la suma era de G. 34.435 millones, mientras que en subsidio a unas 44 agrupaciones, la cifra era G. 20.742 millones.

El “Aporte” se paga de forma anual a partidos con representación parlamentaria para “capacitación” y “gastos administrativos”. La cifra se calcula entre el 5% (G. 4.400) y 15% (G. 13.200) del jornal mínimo (G. 88.000) por cada voto para el Congreso según disponibilidad.

Por otra parte el subsidio se otorga después de cada elección en retribución a los “gastos de campaña”. Se calcula con el 15% (G. 13.200) del jornal mínimo por cada voto del Congreso, Juntas Departamentales y Juntas Municipales según disponibilidad de Hacienda.

El proyecto de ley de voto obligatorio por multas forma parte de un paquete de leyes electorales que el Senado analiza hace un año.

Lilian Samaniego (ANR, oficialista) y otros legisladores impulsan el Derecho al voto para los presos sin condena.

El Frente Guasu busca aprobar una ley de pasaje gratis el día de las elecciones, equidad en subsidios y propaganda. PPQ busca modificar la integración de los miembros de la mesa de votación para que sean voluntarios o reciban un pago.

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