Organizaciones civiles siguen aguardando reuniones con ministro de Corte y UDEA

Las titulares de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y de Somos Anticorrupción Paraguay, solicitaron llevar adelante reuniones al ministro de la Corte Suprema Eugenio Jiménez Rolón y a la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Soledad Machuca, para que la sociedad civil tenga participación de los casos de corrupción pública.

María Soledad Machuca, fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
María Soledad Machuca, fiscala adjunta de UDEA.Archivo, ABC Color

María Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) y Carmen Edid Rodríguez, titular de Somos Anticorrupción Paraguay (SAPy), enviaron notas, al ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón y a la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Soledad Machuca, para que ambos fijen fecha de reuniones -cada uno en su ámbito- para tratar casos de interés ciudadano como la corrupción pública e impunidad que corroe al sistema de justicia.

<b>Con relación al ministro de Corte</b>

Las representantes de las organizaciones civiles solicitan al ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón que fije fecha y hora para la primera reunión entre los funcionarios encargados del Observatorio Judicial, para que de la misma tengan participación referentes del área informática, del despacho del ministro y dos miembros de las organizaciones sociales.

Los temas propuestos a tratar son: a) Evaluación de la información brindada en la plataforma digital y metodología de trabajo, b) Informar la cantidad de funcionarios asignados al Observatorio Judicial, cantidad de recursos tecnológicos (computadoras e impresoras), insumos, etc., destinados para el proyecto, c) Evaluar la posibilidad de mejorar tecnológicamente la plataforma del Observatorio Judicial, para un mayor rendimiento (incorporar más expedientes), enlaces directos en las resoluciones, unificación de las informaciones y metodologías a ser implementadas para un mayor control ciudadano de los proceso penales, vinculados con actos de corrupción -público privada-, crimen organizado y d) análisis presupuestario para mejorar el sistema informático.

El 12 de agosto de 2019, bajo la presidencia en la Corte de Jiménez Rolón se habilitó el Observatorio de Causas Penales de Interés Ciudadano en el sitio web oficial de la Corte Suprema de Justicia, que tenía como finalidad el compromiso con la transparencia de la administración de justicia y apertura con la sociedad civil paraguaya.

<b>Silencio total de la adjunta</b>

Con relación de la fiscala adjunta Soledad Machuca, titular de UDEA, Roa indicó que por tercera ocasión le están solicitando que fije fecha y hora para la audiencia que corresponde al mes de agosto. A pesar de que la fiscala adjunta no quiere abrir las puertas a la sociedad civil, “tengo las herramientas para obligarlas a que lo hagan”, señaló la activista. “La Fiscalía no quiere explicar por qué no quiere investigar o imputar a los funcionarios denunciados por hechos de corrupción. Esos son los temas que vamos a abordar en las reuniones, por eso es que son demasiados importantes que nos reunamos con los fiscales”, indicó.

<b>Sentencia, el jueves</b>

Respecto al proceso penal que enfrenta la activista social María Esther Roa por la supuesta violación de la cuarentena sanitaria, el tribunal de sentencia integrado con los jueces Carlos Hermosilla, Héctor Fabián Escibar y Sandra Farías, emitirá su fallo el próximo jueves.

Roa y su equipo de abogados sostienen que no puede penalizarse, a través de un decreto presidencial, un hecho considerado administrativo como es la “violación de la cuarentena sanitaria”. En todo caso, podría aplicarse una multa, indicaron.

Para el abogado defensor Guillermo Ferreiro la ley medioambiental por la que está procesada Roa “no describe el hecho punible y para colmo lo quieren completar con un decreto presidencial, lo que no se puede. Recurren a una figura de la ley penal en blanco, no tienen idea de lo que es, y no hay descripción del hecho concreto. A nuestro criterio estamos acá (juicio oral) porque el juez penal de garantías no hizo su trabajo y esperemos que este tribunal sí lo haga”, argumentó.

Los antecedentes de este caso se remontan al 3 de junio de 2020, cuando un grupo de personas se manifestó en la Avda. Costanera en la denominada “Caravana contra la corrupción y la impunidad 2020”. Estos manifestantes violaron las medidas sanitarias –según la imputación– al trasladar la protesta frente al Panteón de los Héroes, de la que participaron unas 100 personas.

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