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En la Municipalidad local siguen sumando las deudas: a más de G. 200 millones que no se pagó al Ministerio de Hacienda en concepto de pago del 15% de Impuesto Inmobiliario y a la Gobernación de Paraguarí por el mismo monto, se tiene también la deuda impaga de G. 70 millones a Caja de Jubilaciones. Con esta disposición judicial que quedó firme, porque no fue apelada por la Municipalidad local, deberá abonar al funcionario municipal más de G. 26 millones y por la costa unos G. 7 millones.
El intendente actual Carlos Amarilla había declarado que la Municipalidad estaba con saldo rojo y todo lo que va recaudando de recursos propios es solo para cubrir gastos de oficina, combustible, pago de salario a funcionarios y concejales.
El Tribunal Electoral de la Capital, integrado por la presidenta Miryan Cristaldo y sus miembros Pedro Arias y Guillermo Casco, a través de la resolución 109, dispuso la reincorporación inmediata del funcionario Silvino Silva y el pago de salario caído de unos 10 meses.
Al respecto, el ejecutivo municipal Amarilla manifestó que hasta el momento dicha sentencia no ingresó a la Municipalidad; tendrían que haberlo hecho los abogados designados por el exintendente Cañete, Juan Bogado y Sixto Mendoza, pero no lo hicieron y tampoco se apeló.
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En este caso, la Municipalidad pierde y está obligada a dar cumplimiento a la disposición judicial e incluso el funcionario puede dar mesa de entrada y solicitar su reincorporación. Dijo que el pago va a ir cumpliendo de acuerdo a la disponibilidad y que el funcionario será reincorporado como responsable de Patrimonio e Inventario, cargo del cual fue destituido.
El exintendente Cañete en noviembre del 2020 removió y destituyó del cargo al funcionario por brindar información al entonces presidente de la Junta Municipal local, Ángel Enrique González (ANR).
El intendente Cañete por resolución N° 407/2020 dispuso la remoción del personal de la Municipalidad local, atendiendo a que Silva estaba ocupando un cargo de confianza en la Comuna. El intendente señala en la resolución que en uso de sus atribuciones, que le concede la ley Orgánica Municipal N° 3.966/2010, decidió remover y destituir del cuadro del personal municipal al funcionario Silva Sosa.
El funcionario -quien desde hace 9 años trabaja en la Municipalidad local- denunció a la Municipalidad porque su destitución fue arbitraria e ilegal, pues no se cumplió con el procedimiento de instrucción de sumario administrativo y a la resulta de dicha investigación se tenía que emitir la notificación de despido.
La Junta Municipal en plenaria realizada en noviembre del 2020 había sugerido al intendente Cañete la reincorporación inmediata del concejal, porque consideran que se cometió una injusticia y hubo mal procedimiento al decidir destituir del cargo al funcionario.
Pero Cañete hizo caso omiso y ahora la Municipalidad está obligada a reincorporar al funcionario, pagarle los salarios caídos y la costa de la demanda.