Comité de Iglesias y organizaciones civiles proponen crear una Comisión de Verdad y Justicia sobre Itaipú

Se presentó hoy al Congreso el proyecto de ley para la creación de la Comisión de Verdad y Justicia sobre Itaipú a ser constituida por un representante de la Contraloría General de la República (CGR), un representante del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y un representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), con el fin de investigar la verdad de lo ocurrido durante la construcción, financiamiento y operación de Itaipú, desde 1973 al 2023, para proponer medidas que tiendan a restablecer la justicia.

Basados en el informe final de la CGR sobre la deuda de Itaipú Binacional, del pasado 19 de julio del 2021; y considerando las denuncias claras y graves irregularidades, entre otras, una deuda espuria e ilícita de US$ 4.193 millones que benefició, mayoritariamente, a Eletrobras y al Brasil y que perjudicó principalmente a la ANDE y al pueblo paraguayo, es que las organizaciones citadas presentaron el proyecto.

El monseñor Mario Melanio Medina señaló que uno de los puntos que presentaron es analizar e investigar la verdad de lo ocurrido en Itaipú Binacional en cuanto a corrupción, robos, sobrefacturaciones, usura, violación de derechos humanos y violaciones del tratado de Itaipú cometidos por funcionarios paraguayos.

“Esperamos y creemos que hay muchos patriotas todavía en el Senado que quieren la verdad sobre Itaipú. Ha salido un dictamen de la CGR, que el Gobierno quiere desconocer. Hay una duda planteada a partir de ese dictamen y de la actitud del gobierno paraguayo, por eso nos parece importante que se establezca esta Comisión de Verdad y Justicia”, expresó tras la presentación del documento en mesa de entrada del Senado.

Por su parte, el parlasuriano Ricardo Canese, miembro activo de la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, manifestó que están pidiendo la creación, por ley, de una Comisión de Verdad y Justicia. “Primero la verdad, qué ha ocurrido en Itaipú en cuanto a robos, estafas, usuras, deuda ilícita como ha señalado claramente la Contraloría y hoy se quiere desmentir. Sobre la base de la verdad, vendrá la Justicia. Esto tiene relación con la revisión del Anexo C para hacerlo de forma seria tenemos que conocer la verdad”, puntualizó.

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En la exposición de motivos de este proyecto de ley, se habla de que a más de este informe final de la CGR, “existen numerosas denuncias fundadas sobre gravísimos hechos de corrupción, tanto durante su construcción como su financiamiento y operación, así como graves atentados a la soberanía y a los intereses nacionales, que merecen ser investigados a profundidad y, determinada su veracidad, proponer medidas que restituyan la justicia, en todas las instancias que correspondan”.

Asimismo señalan que, particularmente, el Paraguay debería concurrir a revisar el Anexo C de Itaipú luego de 50 años de vigencia del Tratado de Itaipú no solo con la opinión fundada sobre la auditoría de la deuda de Itaipú, realizada por la CGR, sino también con opiniones fundadas sobre las graves denuncias de corrupción y falta de transparencia durante la construcción, financiamiento y operación de la central, así como de la soberanía y los intereses nacionales afectados, de tal manera a posibilitar que los derechos paraguayos sean defendidos de la mejor forma posible.

“Que, de la misma manera, interesa que se reafirme que el Paraguay es un país soberano, como tenemos plena seguridad que es así, y que, en consecuencia, podamos disponer libremente de nuestra energía, incluso la que no consumimos, como lo establecen claramente el Tratado de Itaipú (1973), el Acta de Foz de Yguazú (1966) y el Acuerdo Lugo – Lula (2009)”, añaden.

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Resaltan que establece este último, una interpretación clara del tratado y que evita cualquier duda, en el sentido de que la ANDE puede exportar la energía que el Paraguay no consume al mercado brasileño, de inmediato, a precio de mercado, y a terceros países por lo menos desde el 2023.

También indican que “es importante que se analicen con detenimiento las conclusiones contenidas en el Informe Final de la CGR sobre la deuda espuria de Itaipú y sobre cuáles deberían ser las medidas de justicia para reparar los daños allí establecidos en forma definitiva”.

“A más de la deuda espuria de Itaipú, que hace a la deuda financiera del ente binacional, es imprescindible determinar con precisión otras deudas, como la social e indígena, aún no auditadas, así como la ambiental, que evidentemente son también pasivos socio ambientales todavía no considerados y que deberían ser tenidos en cuenta al momento de revisar el Anexo C de Itaipú en el 2023, como claramente lo establece el artículo VI del mismo Anexo”, sostienen en el documento.

Por ello, argumentan que es imprescindible crear esta Comisión de Verdad y Justicia sobre Itaipú, a fin de investigar y analizar, con plena participación de toda la ciudadanía, cuál es la verdad en relación a Itaipú, en todos y múltiples aspectos. También que se avance hacia una propuesta de justicia, que será imprescindible como instrumento fundamental de trabajo para quienes van a proponer y acordar la revisión del Anexo C de Itaipú, según establece nuestra Constitución Nacional, con el fin de llegar a una verdadera justicia en Itaipú, en todos sus órdenes.

Este proyecto de ley propone crear tal Comisión de Verdad y Justicia sobre Itaipú “con representantes de las organizaciones más significativas del control público, como es la CGR, por un lado, y como son las más significativas organizaciones de derechos humanos, como el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae), constituido por las iglesias Católica Apostólica Romana, la Iglesia de los Discípulos de Cristo y la Iglesia Luterana del Río de la Plata, y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), comprometidas con los derechos humanos de nuestro país”.

Añaden que se entiende que el fin primordial de esta Comisión será saber y llegar a una verdad compartida y, en base a ella, contribuir a que haya verdadera justicia en Itaipú, que posibilite concretar el resarcimiento necesario de los daños y perjuicios sufridos por el pueblo paraguayo en sus derechos e intereses relativos a Itaipú Binacional, como el Informe Final de la CGR es patente en sus conclusiones.