Policía finalmente avisa a la Fiscalía la supuesta tragada del rubro de combustibles

Con cuatro meses de retraso, la Policía Nacional finalmente dice haber comunicado al Ministerio Público la presunta tragada de una gran parte del dinero del rubro de combustibles, ocurrida el año pasado y pillada gracias a una denuncia ciudadana.

Jorge Medina, César Hermosilla y Francisco Andino.
Jorge Medina, César Hermosilla y Francisco Andino.

El actual director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, comisario general Francisco Andino, confirmó que “se ha procedido a la comunicación al Ministerio Público en el tiempo procesal oportuno, la cual se halla debidamente respaldada con documentos que obran en los archivos de la Dirección de Asuntos Internos”.

Fue en una nota enviada el lunes último a la directora del diario ABC Color, en la que además niega haber cajoneado el expediente, asegurando que “la investigación siguió su curso normal”, y que su responsabilidad en el caso solo “llevar adelante la investigación del hecho denunciado y ejercer la acción en el sumario administrativo”.

Semanas atrás, cuando iba a iniciar la serie de publicaciones de ABC sobre el caso, el comisario Andino había dicho que solo si era necesario iban a comunicar el caso a la Fiscalía.

El Ministerio Público, al menos oficialmente, no comunicó aún haber designado a algún agente fiscal para indagar el grave caso de corrupción que fue fue descubierto casi por casualidad en octubre del año pasado, cuando César Luna Baum, en su carácter de presidente de una organización civil denominada Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana, pidió saber a través del portal de acceso a información pública la cantidad de motos que figuraban en la comisaría de 24ª de la ciudad de San Antonio, ya que en la citada unidad había en ese momento un solo biciclo operando para las patrullas.

Inesperadamente, la propia Policía le envió al solicitante una planilla “en bruto” que revelaba, por ejemplo, que numerosos vehículos de la institución recibían supuestamente en estaciones de servicios de Petropar cargas de combustible hasta 20 veces superiores a la capacidad de sus tanques.

También se descubrió que el kilometraje declarado por los conductores de los móviles policiales no era acorde con el combustible que supuestamente recibían los rodados.

Básicamente, se pilló un esquema que durante gran parte del año 2020 simuló cargas de combustible por montos millonarios para quedarse con el dinero contenido en las tarjetas magnéticas asignadas a los vehículos de la institución. El comandante de entonces era el comisario general Francisco Resquín.

Primera investigación

En noviembre de 2020, la Dirección de Asuntos Internos inició una investigación que concluyó en abril de este año, ya bajo la administración del actual comandante, comisario general Luis Arias.

En su conclusión, el oficial investigador de Asuntos Internos confirmó las maniobras corruptas e incluso acusó de mala fe a los policías dependientes de la Dirección General de Administración y Finanzas que, en vez de ayudar a aclarar el caso, intentaron entorpecer la pesquisa al suministrar información dudosa e incompleta. El titular de dicha dirección general sigue siendo hasta ahora el comisario general Jorge Medina, aunque el supuesto responsable directamente aludido era el jefe de la división Combustible, subcomisario César Hermosilla.

El investigador también consignó explícitamente en su informe de hace cuatro meses que el hecho “constituiría tipos penales, por lo que el expediente debe ser comunicado al Ministerio Público para su investigación”.

Una segunda investigación, ya a cargo de un fiscal de sumarios de la misma Dirección de Asuntos Internos, concluyó hace una semana y el investigador ratificó la tragada advertida ya por su predecesor, recomendó sanciones para algunos policías responsables y volvió a sugerir una denuncia penal ante la Fiscalía.

Aparentemente, recién después de esta segunda advertencia, la Dirección de Asuntos Internos tuvo que enviar los antecedentes de la justicia ordinaria, que ahora deberá investigar y eventualmente sanear la institución policial en la que opera la rosca corrupta.

Una estimación del perjuicio en la Policía, producto de una primera investigación interna es de unos G. 30.000 millones.

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