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Ante la ola de inseguridad y las denuncias de que las guardias privadas constituyen un negocio policial, la Cámara Baja aprobó el miércoles una declaración no vinculante que “insta” al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, a reorganizar la custodia a políticos y negocios privados.
La propuesta, presentada por el diputado Carlos Rejala (Partido Hagamos), insta a direccionar dichos agentes a la protección de los ciudadanos en la calle.
Irónicamente, los miembros de la Cámara de Diputados tienen cientos de agentes asignados como custodia personal.
En julio de 2019, con una crisis muy similar a la actual, se reveló que 234 policías custodiaban a 84 parlamentarios, entre diputados, senadores y parlasurianos. Esto le representaba al contribuyente más de G. 2.000 millones por año pese a que en ese entonces solo había dos diputados amenazados.
Los diputados con más custodias eran: el entonces titular de la Cámara, hoy acusado Miguel Cuevas (13 agentes) y el liberal Sergio Rojas con cinco agentes. El cuestionado abdista Esteban Samaniego; el cartista Pedro Alliana (titular de Diputados) y el acusado Tomás Rivas tenían cuatro agentes cada uno.
En el Senado, el entonces titular del Congreso Silvio Ovelar (Añetete) contaba con 14 agentes; Juan Carlos Galaverna y Derlis Osorio, siete agentes cada uno y Lilian Samaniego, seis. Tras dicha divulgación, los legisladores cuestionaron que empresarios y dueños de medios de comunicación también contaban con custodia policial.
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Ante el escándalo, el cartismo impulsó una ley que regula la comisión del personal policial, la cual fue sancionada en 2020.