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La fiscala María Luján Estigarribia confirmó ayer a ABC que emplazó a la Policía Nacional para que le remita todas las documentaciones sobre la supuesta tragada de unos G. 30.000 millones del rubro de combustibles, detectada en el ejercicio 2020.
Una investigación preliminar de la Dirección de Asuntos Internos y después otra investigación ya de un fiscal de sumarios de la misma instancia policial confirmaron la supuesta tragada de dinero materializada a través de la simulación de cargas de combustible a móviles de la institución, con el fin de efectivizar el saldo contenido en las tarjetas magnéticas asignadas a cada vehículo.
La fiscala Estigarribia dijo que pidió por nota los documentos a la Dirección de Asuntos Internos, cuyo titular es el comisario general Francisco Andino, pero extrañamente esta unidad le contestó que supuestamente ya no tenían ni siquiera una copia del expediente, porque lo habían elevado a la Dirección General de Justicia Policial, cuyo responsable es el comisario general Gustavo Enciso.
Justicia Policial, a su vez, tiene tiempo hasta mañana para remitir todas las documentaciones al Ministerio Público.
La institución que sí ya recibió ayer una copia del expediente es la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), que también inició una investigación paralela.
El ministro de la Senac, René Fernández, había denunciado el mates último al comandante de la Policía, comisario general Luis Arias, por supuestamente poner obstáculos a la investigación ya que tuvieron que enviarle dos notas pidiendo los datos necesarios para aclarar el caso de corrupción.
El dictamen conclusivo del fiscal de sumarios de Asuntos Internos, que fue enviado al juez de sumarios de Justicia Policial, confirma que hay “indicios suficientes de la eventual comisión de hechos punibles, que no solamente podría afectar a miembros de la Policía Nacional, sino eventualmente a personas e instituciones de carácter civil”, como Petropar.
El fiscal policial también avisó al juez policial que se debe hacer una pericia contable y caligráfica para saber exactamente cuánto se robó de la Policía, así como para identificar a los que falsificaron firmas de otros policías que incluso ya pasaron a retiro, todo con el objeto de quedarse con el dinero destinado a la carga de combustible.
También hay una lista de agentes supuestamente responsables de los desvíos de fondos, para quienes el fiscal policial pide una sanción que deberá ser decidida y aplicada por el juez policial.