Se inició en la fecha el juicio oral y público al exjefe de la Comisaría 4ª de Asunción, comisario principal Hugo Adalberto Ayala Quiñónez; su subalterno, el oficial Carlos Alfredo Mendoza, y el abogado Jorge Darío Cristaldo; acusados de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios.
La fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, ratificó en sus alegatos iniciales que ambos agentes de la Policía Nacional y el profesional del derecho prestaron sus servicios al segundo jefe del PCC Eduardo Aparecido Almeida, alias Piska, para que evada los controles y circule libremente en territorio paraguayo.
En la audiencia de la fecha declaró el director de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Juan Jara, quien fue el que recibió la información de la Policía Federal de Brasil sobre la presencia de “Piska” en Paraguay.
El juicio oral continuará mañana, desde las 9:30, con la declaración de dos agentes de la Senad que se encargaron de la vigilancia y el reconocimiento del líder de la célula “Raio X” del grupo criminal brasileño PCC.
El Tribunal de Sentencia encargado del juzgamiento del causa está presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por sus colegas Cándida Fleitas y Juan Carlos Zárate Pastor.
Brindaron protección a “Piska”
Según la acusación de la fiscala Lorena Ledesma, el exjefe de la Comisaría 4ª de Asunción, Hugo Adalberto Ayala Quiñónez, utilizó su cargo para brindar custodia a Eduardo Aparecido Almeida dentro del territorio paraguayo.
El jefe policial designó esta función a su subalterno, el oficial Carlos Alfredo Mendoza, y omitió informar a la Comandancia de la Policía Nacional sobre las reiteradas ausencias del agente a su cargo, ya que el mismo se encontraba realizando la custodia del criminal brasileño.
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Ayala Quiñónez “no solo ordenó a su subordinado realizar tareas de custodia, hecho totalmente irregular ya que no existía una orden fiscal y/o judicial que ordene dicha función, sino que el acusado tenía conocimiento de la identidad de Eduardo Aparecido Almeida y con conocimiento aún así realizó el hecho”, puntualiza la acusación.
Por su parte, el abogado Jorge Darío Cristaldo, acusado de asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal, fue el que realizó los trámites de “Piska” ante la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de que el jefe del PCC adquiera su arraigo, para ello utilizó documentos de contenido falso bajo el nombre de Fernando Ferreira Da Silva.
Según el Ministerio Público, el letrado también facilitó compras de electrodomésticos, alquileres de viviendas y de vehículos de alta gama, utilizando su nombre personal o la de su firma de nombre Agroganadera Forestal S.A.
“Piska” operó 4 meses en Paraguay
Eduardo Aparecido Almeida era miembro activo del PCC, requerido por la República Federativa del Brasil por contar con cinco órdenes de detención pendientes. Para evitar la ejecución de estas ordenes utilizó una identidad falsa de nombre Fernando Ferreira Da Silva y en marzo de 2018 ingresó al Paraguay a fin de iniciar los trámites de arraigo.
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Con ayuda de los acusados logró arraigarse en Asunción y continuó con el tráfico de armas y sustancias estupefacientes, que anteriormente se encontraba realizando en la República Federativa del Brasil, hasta el mes de julio de 2018, cuando cayó detenido y fue expulsado del Paraguay.
Con las ganancias de estas actividades ilícitas recibía un beneficio económico y al mismo tiempo financiaba al PCC, cuyos miembros se encontraban en constante comunicación con el mismo, tal cual consta en la extracción de datos de los teléfonos celulares incautados.