Nativos se movilizan en Asunción contra el proyecto de elevar penas a invasores

Indígenas que acampan frente al Congreso se movilizan en el microcentro de Asunción para expresar su repudio al proyecto de ley que busca elevar las penas a los invasores de inmuebles de cinco a diez años. Sostienen que esta ley “Zavala-Riera” quiere criminalizarlos y modificar las leyes que les afectan, sin haber sido consultados.

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Dirigentes de diversas parcialidades nativas del país y sus seguidores se encuentran acampados en la Plaza de Armas frente al Congreso para repudiar el tratamiento del proyecto de ley que busca elevar las condenas a los invasores de inmuebles privados. El proyecto se analizaría mañana en la Cámara de Senadores tras numerosas postergaciones.

Juan Galeano, uno de los dirigentes de Canindeyú, informó ayer a ABC que rechazan el proyecto de ley cuya autoría atribuyen al senador Fidel Zavala (PPQ) y al senador Enrique Riera (ANR) porque afectará a todas las comunidades del país.

Anunció que se movilizarán en la capital hasta mañana durante el tratamiento de la propuesta. Esta tarde estuvieron en la Plaza de Armas y recorrieron varios puntos del microcentro de Asunción.

Graciela González, de la comunidad Fortuna, sostuvo que la polémica propuesta legislativa también busca cambiar la leyes de los indígenas y criminalizar las luchas por las tierras ancestrales.

González anunció numerosas movilizaciones en Asunción y que mañana además cerrarán rutas internacionales en todo el país.

Tratamientos

Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que buscar modificar el artículo 142 del Código Penal, con el objetivo de incrementar la pena hasta diez años, si hay daño patrimonial, para el hecho punible de la “invasión de inmueble ajeno”.

La propuesta está firmada por los legisladores: Enrique Riera (ANR, cartista), Fidel Zavala (Patria Querida), Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista), Enrique Bacchetta (ANR, ex Añetete), Georgia Arrúa (Patria Querida), Stephan Rasmussen (PQ) y Patrick Kemper (Partido Hagamos). La propuesta legislativa eleva la condena privativa de libertad para quienes incurran en ese delito hasta a seis años y, en caso de que se produzca daño patrimonial, la pena puede extenderse hasta a 10 años de cárcel. Hoy la pena no supera cinco años.

En cambio, el Senado también debe tratar este jueves el proyecto de ley de reglamentación del artículo 64 de la Constitución Nacional que protege a los pueblos originarios ante los desalojos. La solicitud fue realizada por el senador del Frente Guasu Miguel Fulgencio Rodríguez.

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