Ratifican acusación contra Cárdenas por supuesta tragada de G. 853 millones

Los fiscales Luis Said, Karina Sánchez y Teresita Torres presentaron hoy sus alegatos iniciales en el juicio oral y público, y ratificaron la acusación en contra del exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez (ANR), por presunta lesión de confianza en las obras y remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en 15 instituciones educativas de la ciudad, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013.

La acusación por presunta lesión de confianza también es contra el exdirector de Administración y Finanzas del municipio lambareño, Guido Fernando Salcedo, y el encargado de la Dirección de Obras de la comuna Carlos María Mendieta Candia.

Por su parte, Alejandrino Duarte Centurión, titular de la empresa ADC Construcciones, está acusado como supuesto cómplice de delito de lesión de confianza y como autor del hecho punible de actividades peligrosas en la construcción, ya que su firma se encargó de las obras en 4 instituciones educativas.

Said explicó en los alegatos iniciales que la investigación surgió a raíz del derrumbe de un techo en el Colegio Nacional de Lambaré, hecho por el cual el exjefe comunal Roberto Cárdenas fue condenado a 4 años de cárcel, luego de probarse en el juicio la existencia de un perjuicio patrimonial patrimonial por G. 266.730.000, provenientes de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

El agente fiscal detalló que la Municipalidad de Lambaré recibió los fondos del Fonacide para mejoras edilicias de instituciones educativas y el entonces intendente realizó transferencias a 14 colegios y a la Supervisión de Apoyo y Control Administrativo de la ciudad.

Estas instituciones educativas y las empresas constructoras fueron seleccionadas de manera discrecional para ser beneficiadas con estos fondos, por el entonces intendente Roberto Cárdenas y su director administrativo Guido Fernando Salcedo, según indica la acusación.

“Los mismos violaron no solo todas las normativas existentes para la utilización de los fondos del Fonacide, causando un millonario daño patrimonial al municipio, sino que pusieron en peligro la vida de las personas que iban a utilizar las construcciones, es decir, a los alumnos, docentes y personal administrativo de las instituciones educativas”, resaltó la fiscala Karina Sánchez.

Antes de la presentación de los alegatos iniciales de las partes el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que preside la jueza Yolanda Portillo, rechazó el planteamiento del abogado Pablo Villalba, defensor de Cárdenas, quien solicitó la excusación de la magistrada Yolanda Morel, alegando que su esposo, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Dejesús Ramírez Candia, resolvió el conflicto de competencia y confirmó al citado tribunal para juzgar la presente causa penal.

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El juicio oral y público continuará el próximo martes 28, desde las 8:00, con la producción de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.

Esquema implementado por Cárdenas

Según la acusación, los directores de cada uno de los colegios debían aceptar la condiciones establecidas por Cárdenas y Salcedo para ser beneficiarios con las obras, tenían que firmar un acuerdo con el municipio y se comprometían a verificar la construcción, algo que no está dentro de las atribuciones de las autoridades de las instituciones educativas, y tampoco tienen la capacidad para hacerlo.

El fiscal Said puntualizó que cada director también debía firmar un acuerdo con las empresas constructoras y endosar los cheques que se emitían a nombre de los propios directores. “Se simulaban estos actos, en los que la responsabilidad recaía en los directores de las instituciones educativas beneficiarias, pero los mismos no recibían los cheques, sino que estos eran efectivizados por el acusado Guido Fernando Salcedo”, resaltó.

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Señaló que el dinero era administrado por Roberto Cárdenas y Guido Salcedo, y que en los contratos se establecía que el 50% del dinero debía ser transferido al inicio de las obras y el resto al término de las mismas; sin embargo, el Ministerio Público constató que los desembolsos fueron completados antes de la culminación de las construcciones.

En cuanto al acusado Carlos María Mendieta Candia, la acusación fiscal indica que colaboró para concretar el esquema, recepcionando todas las obras realizadas en las instituciones educativas, la mayoría de ellas con graves problemas estructurales que pusieron en peligro la vida de alumnos y docentes.

Por su parte, Alejandrino Duarte Centurión está acusado de sobrefacturar los costos, según detectaron las pericias técnicas, y además ejecutó obras con graves deficiencias.